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Ése es el país del uribismo que sufriremos un año más y que la inmensa mayoría de los colombianos derrotaremos en forma contundente en democracia, en las urnas, en el 2022.
A punto de completar tres años de su periodo presidencial, el Presidente Duque cuenta ya con suficientes credenciales ante sus bases electorales de extrema derecha en cuanto al cumplimiento de sus compromisos de campaña contra el Acuerdo de Paz. Nadie se las podrá negar en los sectores radicales del uribismo, comenzando por su jefe natural. No importa el costo para el país de la “coherencia” de Duque, quien perdió la oportunidad histórica de unir a los colombianos alrededor de la implementación integral de la paz con las FARC. Prefirió quedarse estacionado en el pasado, incapaz de avizorar el futuro. Escogió el camino del lugarteniente fiel y desechó el del estadista visionario. Con esa decisión sepultó su gobierno y produjo un enorme daño al país. Hoy pagamos las consecuencias, en un país con un presidencialismo exacerbado en el que el jefe de Estado y gobierno lo puede todo, incluso pasarse por la faja la Constitución y la ley como lo hace con frecuencia.
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La buena noticia para la paz es que no pudieron hacer trizas los acuerdos que siguen hoy intactos en la Constitución y las distintas normas legales. La mala es que engavetaron su implementación, disminuyeron recursos de inversión y redujeron el Acuerdo de manera simplista a la reincorporación de 13.000 excombatientes. Nada se hizo en estos tres años en protección de la vida de líderes y lideresas sociales, desarrollo rural, sustitución social de cultivos o profundización de la democracia, elementos esenciales de un acuerdo que va mucho más allá de las FARC y contiene una agenda de transformaciones sociales y políticas vitales para la modernización de la sociedad colombiana.
En estos tres años, el gobierno nacional y el uribismo se dedicaron primero a entorpecer el arranque de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuando en decisión sin precedentes objetaron una ley estatutaria, después de su revisión por parte de la misma Corte Constitucional. Metieron al país en un debate absurdo e innecesario, cuyo resultado final fue que el propio Congreso rechazó las objeciones y obligó al gobierno a sancionar la ley. También gastaron energías oponiéndose al acto legislativo que crea las 16 curules de paz para las víctimas del conflicto en los 170 municipios PDETs (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial). Con toda clase de leguleyadas dilataron decisiones de la justicia al respecto, hasta que finalmente la Corte garantizó a las víctimas sus derechos políticos. Y ahora el gobierno logra, en un acto de malabarismo político sin antecedentes, hundir una ley que ellos mismos presentaron, que creaba la jurisdicción especial agraria, contemplada en el Acuerdo de Paz. La dejaron morir y completaron tres años sin aprobar ninguna norma de implementación. Si quedaba alguna duda en la comunidad internacional sobre la posición del gobierno frente al Acuerdo, se despejó esta semana. Sin mencionar la intervención hace unos meses de la canciller Blum ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que señaló que las disidencias de las FARC eran responsabilidad de los integrantes del Partido de los Comunes o la obsesión de senadores del Centro Democrático por acabar los procesos de restitución de tierras a campesinos despojados por los violentos.
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Esta actitud abiertamente contraria a la paz y las decisiones autoritarias de las últimas semanas a propósito del paro, como la militarización de las ciudades, la represión oficial a la protesta pacífica, la ausencia de diálogo social y la última perla de hace unos días al restringir el derecho a la protesta por vía de un decreto abiertamente inconstitucional, confirman que Uribe y su partido decidieron gobernar para sus minoritarias bases electorales e ignorar a la inmensa mayoría de colombianos.
Para rematar este triste panorama de un gobierno uribista al que le queda poco más de un año, con la repartición de ministerios, hasta el de Ciencia y Tecnología, consolidaron unas mayorías que en su última semana de sesiones aprobó proyectos de la mayor trascendencia para el país como el Día Nacional del Carriel, la Creación del Día Nacional de la Novia Eterna de Barranquilla o la Conmemoración del Día Nacional de la Mutualidad. No tuvieron tiempo ni quorum para aprobar la ley que prohíbe el fracking o la ya mencionada de la jurisdicción agraria. Ése es el país del uribismo que sufriremos un año más y que la inmensa mayoría de los colombianos derrotaremos en forma contundente en democracia, en las urnas, en el 2022.
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*Juan Fernando Cristo Bustos, @cristobustos, ex Ministro del Interior y ex senador.
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