El convenio firmado con ONU para el monitoreo y la verificación de la sustitución de cultivos ilícitos no va más. Nada tiene de sorprendente. Los reportes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNDOC- dan cuenta de la sostenibilidad de la sustitución. En realidad, constituyen pruebas contra la fumigación con glifosato.

UNDOC monitorea y verifica el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos – PNIS – . En noviembre de 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó un convenio marco de hasta US$ 315 millones de dólares para cubrir esta actividad, así como la asistencia técnica y la compra de insumos para proyectos productivos.

El 4 de febrero de 2020, UNDOC publicó su más reciente informe. Éste fue el último y las cifras presentadas resultan contundentes. Casi 100.000 familias vinculadas en 56 municipios de 14 departamentos erradicaron 40.506 hectáreas, un nivel de cumplimiento de 95%. Más importante aún, el nivel de resiembra solo alcanzó 0.4% un año después.

“Pasado un año de la realización del primer pago en 12 municipios de 8 departamentos, a 31 de octubre de 2019, UNODC verificó una muestra de 1.108 hectáreas representativa para 3.324 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados voluntariamente y evidenció la persistencia de 13 hectáreas, correspondiente al 0,4%”, asevera UNDOC.

Con estos resultados, uno podría pensar que al Presidente Duque le interesaría acelerar el PNIS. Uno se equivocaría. El Gobierno está dispuesto a ponerle más trabas.

Desde su firma, el ‘uribismo’ se había opuesto al convenio. Unas críticas, las más simplotas, lo denunciaban por su alto monto; otras, algo más sofisticadas, acusaban a UNDOC de constituirse en juez y parte. Desde 1999, UNDOC opera el proyecto SIMCI, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos que, con fondos colombianos, permite obtener una cifra independiente de la extensión de cultivos ilícitos.

Es verdad que UNDOC resulta uno de los operadores más caros del sistema de Naciones Unidas. Pero, para este caso, no existe experticia similar en otra agencia de cooperación y las actividades son, en efecto, costosas. Solo para el monitoreo se necesitan cuatro misiones a cada predio.

En las propias palabras de UNDOC, “en la primera misión se realiza la caracterización de los cultivos ilícitos a los beneficiarios inscritos como cultivadores (línea base); en la segunda misión se verifica la erradicación voluntaria de los lotes comprometidos; en la tercera misión (seguimiento) se verifica el cumplimiento de los compromisos suscritos en el acuerdo individual y se evidencian los avances en la implementación de los componentes del PAI (Plan de Atención Inmediata) familiar; y en la cuarta misión se obtiene la información para la elaboración de la línea final que permite evaluar los resultados y la efectividad de la intervención.”

La Silla Vacía, por ejemplo, describió, a fines de agosto, las dudas del Gobierno con respecto al convenio UNDOC. Todo gobierno está en derecho de elegir sus socios. Pero, ¿y ahora? El Gobierno plantea una adjudicación directa. ¿Para cuándo?

Ése es el estilo gubernamental: deshacer para simular re-hacer. ¿Cuánto tocará esperar para el sustituto de UNDOC?

El PNIS, que poco avanzaba, quedará en suspenso; los planes para la fumigación con glifosato van viento en popa.

*Laura Gil, @lauraggils, internacionalista, directora de La Línea del Medio

4 COMENTARIOS

  1. Me deja un sin sabor, la investigación realizada por Laura Gil, por qué tampoco presenta un análisis de los costos de tener a un operador como UNDC, tampoco presentó todos los problemas para contratar la asistencia técnica la cual es prestada por otros operadores de las zonas a los cuales no se les paga un peso (solo costos operativos salarios, papelería y transporte muy muy ajustados) pero UNODC si cobra muchos y adicional mente los procesos de compra de insumos llevan más de un año en sus procesos Internos por lo cual no es un buen operador además de ser costoso y como “socio” cómo lo indica Laura Gil, solo pone el nombre por qué hasta el personal UNODC lo paga el estado

  2. El compromiso del gobierno de limitar insumos de cocaína se ven con el des financiamiento de programas del Departamento para la prosperidad social, y la entidad de restitución de cultivos ilícitos y en la poca cooperación con la DEA, creo que se acercan a complacencias.

  3. En realidad mi punto de visto con la sistitucionbdel cultivos ilícitos se a quedado corto, como habitante del putumayo se mira el incumplimiento en los puntos acordados con las comunidades de nuestro territorio, que con un muy buen gesto acordaron erradicar y cumplir con lo que el estado se comprometió , me da tristeza que los campesinos salgan mal afectados por dar un paso y confiar en el estado donde ellos saben que es una zona afectada por la violencia y que a simple vista esta regida por la inseguridad que deja la ausencia del estado😤

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