El ajuste del nuevo POT implica una revisión del método de consensuarlo, aprobarlo, defenderlo y aplicarlo.

La revisión del POT de Bogotá que debe liderar la nueva administración tendrá que afrontar y resolver por lo menos cinco problemas:

  1. No gastar cuatro años en adoptarlo.
  2. Simplificar su contenido y alcance a cuestiones fundamentales.
  3. Construir un consenso básico sobre asuntos claves.
  4. Revisar el procedimiento “extorsivo” de concertación que se ha utilizado.
  5. Y, finalmente, revisar el enfoque del POT como un instrumento territorial en manos exclusivas de funcionarios.

En una anterior columna – ¿Qué pasa con el POT de Bogotá? – se indicó que los últimos seis alcaldes han intentado revisar el POT, cuando de acuerdo con la ley, solo habría lugar para una revisión. Esta situación revela que las sucesivas administraciones, en lugar de ejecutar una ruta de ordenamiento del territorio con fuerza de ley, se dedicaron inútilmente a improvisar cada cual su propia bitácora bajo la figura de la revisión.
Hay que preguntar: ¿qué se ha aplicado en realidad del primer POT o de sus revisiones? Honestamente, las autoridades de la ciudad no han hecho un balance de lo ejecutado de los 2.409 artículos redactados en las sucesivas revisiones del POT, ni tampoco de los programas de ejecución que deben acompañarlos. Esta evaluación indicaría que es muy poco lo aplicado.


Por eso, hay que preguntar además: ¿y qué sentido tiene entonces seguir invirtiendo enormes esfuerzos, tiempos y recursos en redactar documentos mamotréticos que no se utilizarán? ¿Y qué sentido tiene también que en la concertación con otras instancias se le agregue nuevas cargas al articulado?


Algunos alegarán que la ley ordena y obliga a este despliegue de artillería normativa. No es así. Para eso es el diagnóstico territorial que, adecuadamente realizado, debe identificar lo que es sustantivo, urgente y prioritario para un ordenamiento en un escenario y una temporalidad acotados. El POT no es una enciclopedia que cubre de la A hasta la Z de los asuntos territoriales. Es un instrumento selectivo para identificar el ABC de la actuación necesaria y pertinente para intervenir un territorio diagnosticado y en un tiempo determinado.


Es la tendencia retórica de formular un POT para construir un “paraíso terrenal” en un tiempo indefinido y en manos de tecnócratas la que está detrás de esta pretensión exhaustiva. O también aquello que debatíamos con los estudiantes de Maestría en la Universidad Nacional, relacionado con ese famoso síndrome de la desmesura, muy idiosincrático, de “construir un misil para atrapar una mosca”.


El diagnóstico del Distrito Capital ha identificado problemas y desafíos capitales: i) la escasa articulación de un territorio regional. ii) la movilidad sobre ese territorio. iii) la sostenibilidad ambiental del mismo. iv) los servicios, infraestructuras y equipamientos indispensables para la sostenibilidad social y económica de la población actual y futura en condiciones dignas y con estándares de calidad de vida satisfactoria. V) la reducción de los déficits y brechas sustanciales en estos aspectos. vi) el programa de ejecución para resolver los problemas identificados.


Cada uno de estos temas capitales tiene una serie de precisiones que deben ser incorporadas. Así, por ejemplo, la sostenibilidad ambiental del territorio se relaciona indiscutiblemente con la solución a la movilidad, pero también con la conservación y gestión de recursos como el agua y el suelo, el uso de energías renovables, la gestión de los residuos y la protección de ecosistemas. Y la gestión de estos problemas capitales se logra no sólo con proyectos, ejecutorias e intervenciones, sino también con cambios en los comportamientos colectivos, la educación ciudadana y la cultura urbana.


Pero el ajuste del nuevo POT no sólo es un problema de texto. Implica también una revisión del método de consensuarlo, aprobarlo, defenderlo y aplicarlo. Lo crítico no sólo es su ilegibilidad para la mayoría de los ciudadanos, sino que no es y no se convierte en un patrimonio de la ciudad.
Es insoslayable construir un consenso sobre las materias sustantivas del POT y el método de adopción y ejecución. El proceso, ya trillado, consistente en la redacción casi clandestina del POT por parte de funcionarios para luego salir a negociarlo con el Consejo Territorial de Planeación, las autoridades ambientales, los grupos de presión y, finalmente, con el Concejo Distrital, no ha dado resultados. Siempre termina siendo adoptado por decreto y convertido en materia discrecional para la siguiente administración.


La construcción de un consenso sobre una agenda territorial estratégica no es viable por este camino. Lo que llamamos el proceso extorsivo de concertación ha sido una ruta azarosa e ineficiente para formular, aprobar y ejecutar el POT, porque en realidad se ha convertido en un carrusel de forcejeos y transacciones entre individuos e instituciones que se extorsionan mutuamente y no como un proceso de cooperación entre ciudadanos, actores y autoridades.
Hay que adoptar el POT como una constitución territorial básica, viable y vinculante, como un patrimonio de la ciudad y símbolo de la capacidad de cooperación entre sus ciudadanos, como un proyecto colectivo que concite y convoque diversos actores urbanos, que sume voluntades y energías. Y esto supone y requiere un proceso distinto de construcción de consensos y de procesos de aprobación y ejecución.


Quizá el desafío mayor es superar el enfoque de redactarlo como un ejercicio entre tecnócratas y negociarlo como un juego de azar entre apostadores con dados cargados. Quizá lo importante es entender y asumir el POT como un esfuerzo de cooperación y de confianza entre ciudadanos para manejar el territorio. Esta es la tuerca mayor que hay que ajustarle y no es fácil.

*Juan Carlos del Castillo, arquitecto, PhD en urbanismo

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