¡Un problema al que no se le encuentra solución  es un problema mal planteado!

Es bien sabido que los hechos están antes que el derecho; no se puede pretender resolver los problemas del siglo XXI con las ya desuetas normas del siglo XX.

La primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII fue posible gracias a la invención de la máquina a vapor, la cual sirvió para que la manufactura fuera reemplazada y sustituida por la maquinización de los procesos productivos. Como era de esperarse, la máquina empezó a desplazar la mano de obra, lo cual provocó un movimiento de protesta y de oposición encabezado por los artesanos a su introducción en las fábricas, recurriendo incluso a la destrucción de las máquinas para impedirlo. Ned Ludd, líder de los artesanos por aquellas calendas, que fue el primero en atreverse a volver trizas el telar mecánico a su cargo, terminó gestando un gran movimiento social contra lo que consideraban una amenaza a su estabilidad laboral, el cual tomó el nombre de Ludismo.

La segunda revolución industrial tuvo como protagonista principal la masificación de la generación y el consumo de la electricidad; la tercera, trajo consigo la automatización de los procesos productivos, aparejada con la tecnología de la información. Ya vamos en la cuarta revolución industrial, caracterizada, como lo sostiene el fundador y ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM) Klaus Schwab, “por una fusión de tecnologías que están borrando las líneas entre lo físico, lo digital y lo biológico”. Si bien es cierto el desarrollo de la tecnología no es lineal sino disruptivo, según Schwab nunca antes se había visto, “la velocidad, el alcance y el impacto de los sistemas” que ha traído consigo la revolución industrial 4.0.

No es para menos, pues la cuarta revolución industrial involucra la confluencia de cuatro elementos esenciales, a saber: 1) la proliferación de sensores y procesadores en miniaturas y de un gran alcance, todos ellos dotados de la infaltable inteligencia artificial, los cuales se instalan en todo equipo o accesorio a nuestra disposición. Según el experto colombiano Orlando Ayala, ex vicepresidente de Microsoft, para el final de esta década el número de dispositivos inteligentes superará los 30.000 millones (¡!). 2) el Internet de las cosas, complementado con la impresora 3D. Gracias a esta tecnología, muy pronto los nuevos móviles inteligentes contarán con sistema de escaner en 3D, haciendo posible con su uso que se pueda llegar a imprimir los zapatos a la medida en casa del interesado. Muy pronto, también, los páneles solares para la generación de energía solar fotovoltaica se abaratarán porque ya no se incurrirá en sus costos de flete, pues los seguirán diseñando en China, por ejemplo, se enviarán por el Internet de las cosas y se imprimirán in situ en 3D. Así de sencillo. 3) la  big data y la minería de datos, sumadas a la realidad aumentada, que se nutre del cúmulo de toda la información susceptible de capturar, desde la más trivial hasta aquella que tiene carácter reservado. Nada se le escapa a esta especie de Gran hermano orwelliano. Y 4) tal vez el más importante de todos, pues combina los tres anteriores y a partir de sus análisis, a velocidad de vértigo, puede establecer tendencias, que de otra manera sería asaz difícil lograrlo. En todo ello juega un papel primordial los algoritmos, que tienen no sólo la capacidad de análisis de cualquier situación o evento en tiempo real sino que está en capacidad de anticipar comportamientos e incluso de inducirlos.

Hacemos las disquisiciones anteriores con el propósito de tratar de poner en contexto la controversia que ha suscitado la decisión tomada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de ordenar la suspensión de la plataforma digital de Uber, Uber X y Uber Van. Concomitantemente le ordenó a los operadores de telefonía celular Claro, Movistar, Tigo y ETB “que suspendan la transmisión, alojamiento de datos, acceso a redes de telecomunicaciones…en relación con dicha aplicación”. Uber optó por retirarse, dejando cesantes 88.000 conductores que, según un estudio del BID, en un 70% tienen educación superior, y afectando, de paso, a cerca de un centenar de empleados directos y a 2.2 millones de usuarios de este servicio.

Varios expertos coinciden en que este acto administrativo de la SIC además de impreciso y farragoso tiene muchas inconsistencias. Al aludir a sólo tres de las aplicaciones de Uber, que viene operando en Colombia hace seis años, cabe preguntarse qué va a pasar con las otras, llámese Uber Pool, Uber Black, Uber Angel, Uber X VIP y Uber Eats, las cuales, no obstante que no las cobija la medida, operan desde la misma plataforma que se ordena deshabilitar. ¿Por qué esta medida se aplica sólo a Uber, siendo que otras plataformas similares, como Didi, Beat o Cabify, estarían incursas en las mismas causales que motivaron la decisión de la Superintendencia?

Claro está que la Superintendencia dejó abierta una válvula de escape al dejar en claro que “esta orden debe cumplirse siempre y cuando estén en posibilidades  técnicas de hacerlo” los operadores. Los prestadores del servicio de Internet no están en posibilidades de cumplir dicha orden sin transgredir el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, de neutralidad en Internet. Como lo afirma el consultor  en telecomunicaciones y TIC Germán Darío Arias, “por la Ley de neutralidad de Internet, ningún operador puede bloquear nada que cruce por la red sino está en la norma misma. Se puede bloquear la pornografía infantil y juegos de azar porque así lo dice, pero no  una app por decisión de la SIC, de hacerlo se debería modificar la Ley”. Y a nadie se le puede obligar legalmente a lo imposible (¡!). Huelga decir que, en dado caso que los operadores decidan acatar la orden de la SIC, de nada sirve porque al usuario no lo pueden bloquear, puesto que este podría acceder a la aplicación a través de redes wi fi o a través de su computador. Ello es muy factible, dado que la descarga de dichas aplicaciones se pueden hacer apelando a otras aplicaciones tales como App Store o Play Store.

No hay que perder de vista que en la revolución industrial 4.0 se impone la llamada economía colaborativa, la cual supone un intercambio de bienes y servicios entre particulares sin que el Estado intervenga o interfiera en ello. Por ello pululan por doquier las manifestaciones de esta economía colaborativa: Uber es una de ellas, pero nos topamos con otras como Airbnb, el gigante hotelero que opera sin tener entre sus activos una sola habitación; Amazon y Alibabá son hoy por hoy los mayores comercializadores del mundo sin tener una sola tienda; Google lidera las búsquedas, la publicidad y el aprendizaje automatizado y Facebook controla gran parte de las noticias y la información que circula en la red.

Como bien dijo el periodista, ensayista y critico literario estadounidense, conocido como el “Sabio de Baltimore”, H. L Menken, “para cada problema complejo hay una respuesta clara, simple y equivocada” y este es el caso. La SIC tomó su decisión esgrimiendo como argumento principal que Uber incurrió presuntamente en “actos de competencia desleal”, pero llevándose de calle el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, ya citado, el cual justamente tiene por objeto proteger tanto a los consumidores como a la libre competencia. Qué contradicción. ¿Quién entiende este exabrupto jurídico?

A este paso y por el mismo atajo que ha abierto la SIC, además de dejar sin piso la estabilidad y la seguridad jurídica, se pondrá en funcionamiento la máquina del tiempo y de la era digital actual nos devolverán a la era analógica. Ante la ambigüedad de si lo que se ofrece a través de las plataformas tecnológicas es una aplicación o un servicio, mañana o pasado mañana impedirán el acceso a tantas aplicaciones que hacen posible aquí y en Cafarnaúm que funcione la economía colaborativa, que tanto beneficio le reporta al usuario del Internet al tener a un clic de distancia lo que desee.

Es bien sabido que los hechos están antes que el derecho; no se puede pretender resolver los problemas del siglo XXI con las ya desuetas normas del siglo XX. Sería inconcebible que, con este antecedente que ha sentado la SIC, así como el poderoso gremio de los taxistas la ha emprendido contra Uber, se vengan ahora las empresas de telecomunicaciones contra Google o Facebook, el gremio hotelero contra Airbnb, los canales de televisión contra Netflix o Amazon Prime. Ello sería absurdo y sería como devolver las ruedas de la historia o repetirla, en una especie de neoludismo.  En una entrevista reciente el CEO de la Mercedes Benz Dieter Zetsche, dijo que sus competidores “ya no son otras compañías de automóviles sino Tesla, Google, Apple y Amazon”.

Algún día entenderán los taxistas que Uber no es ni ha sido su competencia, como lo demuestra una encuesta de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, concluyendo que para el 2011 del total de viajes mayores de 15 minutos en días hábiles, el 5% se hizo en taxis y 8 años después, en 2019 esa cifra llegó al 4.9%. Es decir, que no se han visto afectados por la operación de la plataforma de Uber, sólo que muchos ciudadanos que no utilizaban el servicio de taxis optaron por Uber como una mejor alternativa. Al gremio de los taxis los está atropellando la tecnología; en este sentido es muy diciente el fracaso del ex alcalde Enrique Peñalosa cuando intento establecer las tabletas en los taxis para darle más transparencia tanto en cuanto la tarifa a pagar como las rutas. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a Colombia los vehículos autónomos, que no requieren conductor? ¿Van a impedir su ingreso?

Procede que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República ajusten y actualicen la normatividad, superen los anacronismos y, de esta manera, se pongan a tono con las nuevas realidades del mundo, de las cuales Colombia no se puede sustraer. De lo contrario, terminaría convertida, como lo temía el ex presidente Alfonso López Michelsen, en el Tíbet de Suramérica. ¡Dios nos libre!

*Amylkar Acosta, ex Ministro de Minas y Energía, ex Director de la Federación Nacional de Departamentos, Miembro de Número de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas, @amylkaracosta

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