Un consenso político integral y de transición democrática

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¿Cómo dar un salto cualitativo en corto tiempo, muy posiblemente entre la primera y segunda vuelta presidencial, para la construcción de una propuesta hegemónica de largo plazo?

Desde el origen del Estado colombiano republicano,  se ha reseñado la consolidación de seis frentes nacionales, entendiendo el concepto de frente nacional como acuerdos y consensos de diversas expresiones del poder que en momentos críticos o de rupturas dan lugar a procesos socio-políticos de largo alcance y a transformaciones estructurales del Estado y la sociedad. Desafortunadamente, esos acuerdos políticos, así como han dado lugar a la estabilidad política, también han retroalimentado procesos de violencia sistémica, estructural y simbólica, enmarcados por la relación inclusión/ exclusión – reintegración.

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El Frente Nacional de 1957 dejó una profunda huella en la memoria del sistema social, político, económico y cultural de nuestro país y contribuyó a cerrar el ciclo de confrontación denominado violencia liberal – conservadora, pero también dio lugar al denominado conflicto armado interno, incrementado por la influencia del periodo de la Guerra Fría (1948 – 1989).

En la memoria social, las instituciones y el modelo de la matriz de inclusión/exclusión – reintegración persisten aún características heredadas del Frente Nacional como lo que en su momento se llamó  alternancia del poder, que no era otra cosa que la repartición milimétrica de las instituciones del Estado entre los dos partidos hegemónicos – Liberal y Conservador -, ancladas en elecciones democráticas libres no exentas de corrupción y un referente de administración de lo público basado en clientelismo, nepotismo y la manipulación del concepto de “bien común”.

Desde los años 90s, con la finalización de la denominada Guerra Fría, Colombia abrió nuevamente su matriz de inclusión/exclusión – reintegración, con el desmonte de diversos grupos guerrilleros y su integración social y política, condensado en la Constitución de 1991. Sin embargo, pese a que la Constitución sentó bases significativas para el afianzamiento de un sistema político más democrático, la realidad del poder en sus diversas expresiones ha conducido al cierre del sistema político caracterizado por totalitarismo, fuerte centralización, hiperespecialización institucional, integración rígida y represiva, libertades reducidas, controles múltiples y etiquetamiento social como el de buenos y malos, entre otras realidades que se expresan en la eliminación física, jurídica, y moral de la oposición o del diferente.

El actual espectro político de cara a las elecciones presidenciales de 2022 muestra un aparente debilitamiento de los partidos (Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, Polo Democrático, Partido Verde), especialmente los heredados del Frente Nacional, una apertura hacia nuevas expresiones partidarias (En Marcha, Oxígeno Verde, Colombia Humana, Nuevo Liberalismo, Comunes, entre otros) algunas de las cuales resurgen mediante fallos de la rama jurisdiccional y del Consejo Nacional Electoral y un abanico significativo de precandidatos presidenciales, especialmente de origen regional, consultas internas y amplias coaliciones (Pacto Histórico, Coalición Centro Esperanza y la Coalición de la Experiencia), reduciendo las posibilidades electorales a tres grandes expresiones políticas – el neoliberalismo, la socialdemocracia y la izquierda –

Esta nueva realidad política tiene como causa directa las huellas del proceso de paz entre el Estado y las extintas guerrillas de las FARC – EP. A pesar de la incredulidad de algunos, la influencia política de las FARC – EP, hoy Comunes, en las últimas décadas y en el futuro del país es más que evidente, independientemente de su incidencia en la realidad propiamente electoral e institucional.

La pregunta que surge es: ¿el sistema político colombiano reúne las condiciones estructurales para una transición democrática en el próximo periodo presidencial, que siente las bases hacía una hegemonía política de amplio espectro, que permita la alternancia, que sin renovar la matriz inclusión/exclusión – reintegración saque definitivamente las armas de la política y reduzca a los mínimos posibles la violencia estructural, simbólica y sistémica característica del sistema?

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Lo que la realidad nos demuestra hoy es el agrupamiento de diversas expresiones políticas en coaliciones, algunas puramente electorales, de cara a la primera y segunda vuelta presidencial.

¿Cómo dar un salto cualitativo en corto tiempo, muy posiblemente entre la primera y segunda vuelta presidencial, para la construcción de una propuesta hegemónica de largo plazo, de siete u ocho periodos presidenciales, que dé lugar a una transición democrática, siente las bases para la consolidación del Estado Social de Derecho y cierre el paso a un nuevo periodo de violencia política?

La posibilidad de un nuevo acuerdo de esta magnitud deberán asumirlo quienes pasen a una segunda vuelta o quien sea electo en primera vuelta presidencial en amplia convocatoria nacional. Podría tener como ejes fundamentales los siguientes componentes: i) negociación política con el ELN, otros grupos disidentes y grupos armados organizados; ii) implementación total e integral de los acuerdos del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP), iii) consolidación de una nueva política de lucha contra las drogas ilícitas y el narcotráfico; iv) modificaciones a la política de seguridad nacional en la lógica de complementariedad con la implementación integral de los acuerdos de paz y no repetición; v) garantías a la oposición política, lucha contra la corrupción y modificaciones estructurales e institucionales que garanticen los pesos y contrapesos entre las ramas del poder públicos y los órganos de control e investigación del Estado; vi) integración económica de varios sectores de la población colombiana y su armonización; vii) transformación del sistema educativo nacional en función de la pertinencia técnica, tecnológica y profesional; viii) superación del modelo de intermediación financiera en la atención y prevención en salud, y dignificación de profesionales y trabajadores de la salud.

Es claro que el debate electoral está cruzado por las decisiones adoptadas por las diferentes colectividades y las posturas que adopten cada uno de sus máximos líderes, lideresas e integrantes. Sin embargo, diversos sectores de la opinión calificada hacen hincapié en que se logre un acuerdo político en vía de una responsabilidad común y colectiva. Es el momento para construir una propuesta política que reoriente las fisuras que ha recibido la Constitución de 1991, ganar el máximo de consenso alrededor de la implementación integral del acuerdo con las FARC-EP, implementar una política de seguridad humana que garantice un pacto por la vida, asegurar la reactivación de la economía con base en la productividad interna y abrir el camino a profundas reformas y transformaciones en materia de derechos a la salud y la educación.

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*Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. @luisemilpaz

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