¿Existe una política de planificación efectiva, para cumplir con el punto uno del  Acuerdo que se  traduzca en un ordenamiento diferente del territorio? O, ¿la política es esperar que la evolución espontánea de las cosas asegure por sí sola el cierre de la brecha entre el campo y las ciudades y resolver las diferencias en el desarrollo territorial?

Un espacio en el que simultáneamente se ponen en escena obras de teatro de diferentes autores, escuelas y distintas épocas es la Casa Ensamble de Bogotá; otro espacio es la realidad política colombiana. Como en la televisión por cable, podemos cambiar de canal; organizada en compartimentos, la historia nos permite ir de los “Acuerdos de la Uribe” al “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, del caso “Odebrecht” al “Proceso ocho mil”, de textos como “Rutas y retos de la implementación del acuerdo de paz”  del Centro de pensamiento y seguimiento al diálogo de paz de la Universidad Nacional (2019) a “La violencia en Colombia” de Germán Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna (1988). ¿Historia inmediata? ¿Historiografía posmoderna? No es el objetivo de este escrito ocuparse de dicha discusión, pero sí hablar del espacio como ordenador de la realidad y su relación con el ordenamiento territorial, partiendo de la experiencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. 

Si bien la planificación territorial es absolutamente relevante para alcanzar los objetivos propuestos en el punto uno del Acuerdo final para la terminación del conflicto Hacia un nuevo campo colombiano, Reforma Rural Integral -RRI-,  también es claro que los PDET buscan la apertura de nuevos espacios de desarrollo para 170 municipios que han sido más golpeados por la violencia. Este ejercicio de planificación desde el espacio vederal ha puesto en evidencia obstáculos y problemas que tienen que ver con las limitaciones que los municipios concernidos ofrecen, según sea el tipo de recursos naturales que tienen, el tipo de actividades que la población desarrolla, así como las características geoeconómicas  de los distintos mercados en los que se desenvuelven,  pasando por la transformación del medio físico. Estos ámbitos, sin lugar a dudas, están directamente relacionados con la actual división espacial vigente del Estado colombiano y la  distribución territorial del poder político. Se ponen en evidencia  las dinámicas y funcionamiento de estas estructuras territoriales, las escalas de valores, las pautas económicas, políticas y culturales que marcan cada espacio -social- municipal intervenido con el programa -PDET-.  

El pacto comunitario para la transformación territorial en las 11.000 veredas ha provocado diversos efectos y cambios, tanto de carácter positivo como negativo en algunos municipios, efectos que se han sentido como consecuencia de haber hecho evidente las diferencias del espacio geográfico colombiano,  modelos de sociedad y modelos económicos, acerca de cuya dinámica y funcionamiento conocemos muy poco.

El funcionamiento actual de los 170 municipios que hacen parte del programa PDET  permite identificar varios tipos de espacios, cada uno caracterizado por cierto número de atributos, derivados de nuestro estado actual de organización territorial. Algunos teóricos, como Federico Arenas, profesor del Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile, plantea una tipología que puede ser útil a la hora de diferenciar los planes de acción que deben   desarrollarse  en los municipios  priorizados, cuya actualización debe realizarse   cada cinco años. Incorpora, entre otros, a los espacios denominados dinámicos “los que corresponden a la expresión territorial de un espacio totalmente incorporado a la dinámica económica, con una estructura equilibrada, con capacidad creciente de generación de circuitos y flujos que aseguran su sustentabilidad en el tiempo”. En sentido contrario, menciona los espacios dinámicos decadentes “en los que la substancia económica que es la que le da sentido a una organización territorial entra en un espiral de deterioro, lo que fragiliza de alguna forma las estructuras fundamentales de ese espacio”.

Imagen: Instituto Popular de Capacitación 02/05/2019

El punto uno del Acuerdo está dirigido a los espacios municipales y regionales en condiciones de abandono – no integrados o integrados parcialmente al sistema económico nacional- . “A partir de la disminución o de la ausencia de oportunidades de empleo, se genera un decrecimiento demográfico con una desertificación demográfica posterior, lo que resulta en umbrales de población inferiores a los que justifican, por ejemplo, la presencia del propio Estado en un territorio, lo que lo lleva a retirar los servicios y por esa vía a eliminar los pocos factores de atracción en un determinado lugar. Finalmente, la reducción y eliminación de factores de atracción vuelven a tener un impacto negativo en términos de la oferta de empleo, en el decrecimiento demográfico, etc.”

El Valle del Guamuez en Putumayo podría tipificarse, siguiendo al profesor Arenas,  como “espacio en situación de abandono: espacio ubicado al otro extremo de la integración con el exterior…representado por comunidades territoriales pobres, dedicadas a la agricultura de subsistencia… en economías frágiles”  (agregaríamos, con  dependencia del cultivo de uso ilícito). Istmina en el Chocó  como un “espacio en situación de abandono y destrucción: bajo una acción más bien predato-utilitaria”, teniendo en cuenta los efectos ambientales causados más por la explotación minera a gran escala  y menos por  la explotación  artesanal, que era sustento de la mayoría de la población, sin dejar de mencionar la desaparición del chontaduro como alimento nutricionalmente adecuado y culturalmente aceptable por toda la población.  

Del lado de los “factores no económicos”, están también las dificultades para acumular capital humano y de conocimiento técnico que no son involucradas explícitamente en los PDET pero que contribuyen notablemente en la reproducción de sus respectivos espacios sociales y son causas de las desigualdades “regionales”.             

¿Existe una política de planificación efectiva, para cumplir con el punto uno del  Acuerdo que se  traduzca en un ordenamiento diferente del territorio? O, ¿la política es esperar que la evolución espontánea de las cosas asegure por sí sola el cierre de la brecha entre el campo y las ciudades y resolver las diferencias en el desarrollo territorial? De acuerdo con los resultados actuales, es poco probable que se logre acumular capital físico, capital humano y conocimientos para elevar el nivel de ingreso y proteger la riqueza pluriétnica  y multicultural de esos 170 municipios.

Después de 19 intentos en el Congreso, en el 2011 fue aprobada la Ley 1454 de ordenamiento territorial. ¿No será pertinente retomarla como marco normativo que permita concretar los planes  de acción para la transformación regional -PART- de los PDETs? Aunque abre la puerta para concretar las regiones como entes territoriales y posibilita las asociaciones entre ellos, no asigna responsabilidades ni competencias. ¿Es solo responsabilidad del Alcalde Municipal el desarrollo del PDET? ¿Con qué recursos físicos, económicos y humanos?               

*Carlos Mendoza, arquitecto urbanista y defensor de los derechos humanos.

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