Hay una falta de conexión real y directa con los promotores del paro, quienes nos representarían ante un eventual diálogo con el gobierno: si son mis representantes, debo poder hablar con ellos.

Mi apoyo al Paro Nacional que se ha venido adelantando desde el 21N es irrestricto. Pero creo que la autocrítica, y más en temas tan importantes, es siempre una necesidad. Por eso, escribo estas líneas como un ciudadano más que, como bien lo dijo William Ospina en su última columna, está cansado de vivir como le ha tocado. Son, específicamente, dos puntos los que considero se les debe prestar más atención si se quiere que este movimiento llegue a buen término. Éstos son, por un lado, los problemas con lo que se exige y, por otro lado, la peligrosa desconexión del Comité del Paro con sus bases.

Primero, son tantas las propuestas, desde distintos sectores y sobre tantos temas que, aunque casi todas válidas, impiden ver un norte y no permiten que se tenga un objetivo claro y conciso. Si se tomara el pliego de peticiones de trece puntos que fue entregado al gobierno como el pliego oficial, es evidente que tiene un carácter un poco miope, al menos en algunos puntos.

El primer punto del documento -desechar la reforma tributaria-, el quinto -que busca impedir que el gobierno presente una reforma pensional- y el sexto -que tampoco se haga una reforma laboral- son, a mi parecer, imposibilidades. Las tres reformas las necesitamos, primero, para la sostenibilidad del Estado; segundo, para que algunas de las millones de personas que no tienen pensión tengan algún ingreso en su vejez y; tercero, para disminuir el creciente desempleo.

En este sentido, recuérdese que casi la mitad de los trabajadores son informales y que solo un de cada cuatro personas en edad de pensionarse reciben su pensión. Es por esto que, en vez de cerrarle las puertas a las reformas, y hacerse el ciego sobre su necesidad, es necesario debatir sobre la dirección y los medios necesarios para hacerlas posibles.

El segundo punto pide la derogación del holding financiero por considerarlo como la puerta a la privatización y a despidos desmedidos, pero esto no necesariamente es cierto, tal como lo demuestra el profesor Camilo Díaz de la Universidad Nacional. Lo mismo sucede con el séptimo punto que busca impedir que el Gobierno privatice o enajene bienes del Estado, desconociendo que los recursos pueden ser útiles para, por ejemplo, implementar el Acuerdo de paz. Vale la pena rememorar una frase de Samper en un debate con Pastrana el año en que fue elegido presidente: “la privatización no es una panacea, pero no puede ser un tabú”.

Estos dos puntos, parece evidente, son producto de la desconfianza que tiene la sociedad hacia sus dirigentes y parece obvio que, con un gobierno como éste, es mejor prevenir que lamentar, pero hay que tener claridad en lo que se pide y en por qué se pide. El cuarto punto, sobre disolver al ESMAD y “depurar la Policía”, muy acorde con los anteriores dos, debe poder discutirse, pero teniendo claro que puede ser mejor una reforma que una eliminación de este cuerpo.

Aun así, el tercer punto -que busca garantizar derechos laborales-, el octavo -que el Gobierno cumpla los acuerdos firmados con los distintos sectores sociales-, el noveno -sobre la revisión de los tratados de libre comercio para mejor las condiciones del sector agropecuario-, el undécimo -sobre sacar adelante los puntos de la consulta anticorrupción-, el duodécimo -sobre la procedencia de los recursos para financiar Electricaribe-, el décimo tercero -sobre la construcción de políticas ambientales y la protección de los páramos- y, especialmente , el décimo -sobre implementar cabalmente el Acuerdo de Paz- están totalmente justificados.

En últimas, con esto no quiero decir que se debe cambiar y/o reformar el pliego de peticiones, sino que se debe entender que éste debe estar abierto a discusiones y que el objetivo final debe ser un consenso entre la sociedad, los promotores del paro y el propio gobierno; no puede haber una imposición de ninguna de las partes.

Por otro lado, como segundo punto de la autocrítica al movimiento, me parece que hay una falta de conexión real y directa con los promotores del paro, quienes nos representarían ante un eventual diálogo con el gobierno; es decir, si son mis representantes, debo poder hablar con ellos. Esto no está sucediendo y deja ver que hay un riesgo de que el movimiento pueda caer en el mismo problema en que está cayendo el gobierno: no saber leer que quieren los marchantes, provocando una desconexión e ignorancia total de sus representados. 

Para solucionar esto, creo que debería hacerse, tal como hacemos en el movimiento estudiantil, una serie de asambleas, aunque sean informales o mediante mecanismos virtuales, pero que, en todo caso, posibiliten la interlocución entre los manifestantes que marchan y los que hablan con el gobierno. Éstas también permitirían una mejor organización y, a la postre, serían la base de una lucha que se puede alargar bastante.

Camilo Andrés Delgado Gómez, estudiante de ciencia política, Universidad Nacional de Colombia/sede Bogotá, @CamiloADelgadoG

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