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El Estado Zulia es una bomba de tiempo, pues parte de la población civil de a poco se está convirtiendo en la base social de los grupos armados delincuenciales y estructuras post-desmovilización.
La influencia de las dinámicas delictivas del Estado Zulia (Venezuela) en el departamento de la Guajira (Colombia)
La persistencia del conflicto armado no se explica exclusivamente por la posibilidad de capturar las rentas ilegales. Sin embargo, no se puede desconocer que ello influye bastante para que la guerra persista, pues los señores de la guerra ofrecen a la población empobrecida las posibilidades ilegales de ascenso social. Buen ejemplo ocurre en parte del continente africano donde el comercio de diamantes, oro, maderas finas y trata de personas son importantes motivaciones para que los jóvenes pobres se vinculen a los grupos armados ilegales, más aún cuando esos jóvenes tienen profundas carencias económicas, dificultades para el ingreso a la educación, un entorno violento alrededor y pocas capacidades para solventar servicios públicos como el agua, la energía y la salud.
Como ya lo pueden sospechar los lectores de esta columna, el caso del continente africano no dista mucho de la realidad colombiana. Varios son los territorios en los que se puede observar este tipo de dinámicas. Ahondaré en un caso a modo de llamada de auxilio hacia el gobierno nacional para que tome cartas en el asunto. Actualmente, la franja territorial que une el Estado venezolano de Zulia y el departamento colombiano de La Guajira corre el riesgo de quedar inmersa en una reactivación plena de la guerra. En primer lugar, las dinámicas económicas regionales y locales están mayoritariamente vinculadas al contrabando de gasolina y carne bovina robada, que son cambiadas por kilos de cocaína para ser pasadas al otro lado de la frontera. En segundo lugar, las carencias educativas, sanitarias, de empleo y suministro de agua y energía están acentuadas en la cotidianidad de la población de Zulia. En tercer lugar, existe una anarquía criminal entre grupos post-desmovilización paramilitar, delincuencia común bastante organizada y grupo disidentes del proceso de paz con las FARC- EP.
Haciendo énfasis en lo anterior, es posible decir que la ruptura de relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Colombia ha profundizado el problema. La frontera no es un espacio que ofrezca oportunidades económicas para la población y, por ende, mucha de ella se debate entre tres caminos: el primero, el de la migración legal o ilegal, el segundo, el de sufrir hambre y desnutrición mientras el problema empeora, y el tercer camino, el de la vinculación con estructuras delincuenciales organizadas que acumulan rentas ilegales.
Con respecto a la migración, es posible afirmar que este es un problema que sobrepasó las capacidades estatales de varios gobiernos latinoamericanos, como lo señala la Organización de Estados Americanos (OEA). Se ve mucho más acentuado en Colombia por su condición de vecindad con Venezuela, entre otras cosas porque la migración por vías irregulares es una tendencia en el territorio fronterizo, por lo cual el manejo de la migración venezolana está mayoritariamente a cargo de la delincuencia organizada.
Por otro lado, en el Estado Zulia ,las carencias de bienestar social y servicios básicos son marcadas, desde el año 2018 hasta la actualidad. La ONG Fundaredes ha denunciado que incrementó la deserción escolar de jóvenes en secundaria en más de un 80%; mayoritariamente, los jóvenes no tienen acceso a Internet, tampoco a electricidad y agua potable, cuestión que es más preocupante en la educación rural pues los programas de alimentación y transporte son muy débiles, es decir, para un joven zuliano es muy difícil mantenerse en la educación pública y mucho más en la educación universitaria.
De esta forma, la juventud zuliana tiene incentivos para ser parte de una estructura criminal que se financia de rentas ilegales y las ofertas no son un problema. Buen ejemplo de lo anterior son las estructuras rearmadas de la segunda Marquetalia que tienen amplia fortaleza en Maicao, por lo cual pueden establecer en el Estado Zulia fuertes adhesiones y bases sociales, las cuales no arrancarían de cero, pues vale recordar que parte de la misionalidad de Jesús Santrich fue construir bases sociales en el Estado venezolano de Zulia. A pesar de lo anterior, personas, como el académico Luis Fernando Trejos, sostienen que en el departamento de La Guajira los grupos residuales no son de gran tamaño, pues el control de las rentas ilegales está a cargo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Los Pachenca), lo que por supuesto no deja de inquietar.
A propósito del departamento de La Guajira, no hay que olvidar que allí fue capturado Francisco Durango Úsuga, alias “Ariel”, disidente de la segunda Marquetalia, que en la zona de frontera quería desarrollar actividades relacionadas con el tráfico de cocaína y el contrabando de gasolina. En la vereda Punto Claro en el municipio de Barrancas, las operaciones militares se han concentrado en contra de los delitos relacionados con el almacenamiento de armas para las disidencias de las FARC-EP, es decir, las disidencias ya tienen en esos lugares adhesiones sociales estratégicas que les permite aprovisionarse.
Vale recordar que, según autoridades colombianas, el Frente 33 de dichas disidencias cuyo cabecilla es alias John Mechas y el frente 45 bajo el mando de William están operando desde el Estado Zulia, donde al parecer se planearon los atentados ocurridos meses atrás, como el tiroteo del helicóptero presidencial, el petardo que explotó en un CAI de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá y el atentado cintra la brigada treinta del Ejército Nacional en la ciudad de Cúcuta.
Como si fuera poco, desde el Estado Zulia vienen operando organizaciones delincuenciales conocidas como “los Meleán”, “los Leal”, “Adriancito”, “Yeico Masacre”, “el Patrón” y “la Zona”. Dichas organizaciones criminales utilizan altos volúmenes de violencia que se aplican de forma indiscriminada. Son los sicariatos, las amenazas y la extorsiones con fines económicos que se emplean en contra de pequeños comerciantes, que se niegan a pagar extorsiones en algunos lugares de la frontera y por ello son atacados con granadas de aturdimiento en varias ocasiones. Algunas bandas delincuenciales están sumamente consolidadas en el territorio, como los “Piratas del Lago”, los cuales han tomado el control de ciudades como Maracaibo y han asesinado a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no se han dejado sobornar. “Los Piratas del Lago” han pasado de ser un problema menor a ser uno de los puntos de encuentro más grandes de la delincuencia zuliana.
Dentro de esta miríada de motivaciones para reactivar plenamente la guerra, no se quedan atrás algunos ganaderos de Venezuela los cuales ha solicitado reiteradamente a las autoridades venezolanas que se les permita el porte de armas sin restricciones, aduciendo con razón que están siendo víctimas de muchos casos de extorsión, asesinatos y secuestros. Inclusive varios ganaderos han sido asesinados en lo que va corrido del año 2022. Este tema no es menos importante pues Francisco Gutiérrez Sanín sostenía con mucha evidencia cuantitativa que la gran mayoría de masacres paramilitares en Colombia se generaron hacia personas sindicadas de robo de ganado, es decir, el abigeato como variable casi necesaria para que ocurriera una masacre. En consecuencia, esta motivación de los ganaderos para armarse puede decantar en la contratación de violencia privada paramilitar.
Según la ONG Fundaredes, todo esto ha llevado a que el Estado Zulia sea el más violento de todo Venezuela con 33 casos de homicidios en lo corrido del mes de marzo. La mayoría de casos ocurrió en los municipios de La Cañada de Urdaneta y San Francisco, lo que es sumamente alarmante si se tiene en cuenta que las instituciones estatales que deberían intervenir en el asunto presuntamente han sido permeadas por las estructuras criminales. Es el caso de la captura de la alcaldesa del municipio de José María de Semprum, la señora Keyrineth Fernández, a la cual se le sindican delitos como concierto para delinquir y narcotráfico. Al parecer, el Estado Zulia es una bomba de tiempo, pues parte de la población civil de a poco se está convirtiendo en la base social de los grupos armados delincuenciales y estructuras post-desmovilización. Esta situación plantea un reto importante porque, como se ha demostrado en varias ocasiones, la frontera colombo-venezolana es una zona gris donde la delincuencia aflora. Por tanto, si en los Estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas la guerra se activa plenamente, la misma suerte correrán los departamentos de Arauca, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Vichada y Guainía.
*Jorge Baquero Monroy. Licenciado en ciencias sociales de la Universidad de Cundinamarca. Mágister en administración pública de la ESAP. Investigador del proyecto Infraestructuras de Paz, agendas políticas y dinámicas organizacionales en la implementación efectiva del Acuerdo Final en Colombia (2016-2022).
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