La crisis sanitaria, económica y social generada por el coronavirus expone con crudeza las deficiencias de un país injusto que debe cambiar.

Si lo comparamos con sus dos inmediatos antecesores, Iván Duque parece un presidente sin grandes ambiciones.

No lidera una cruzada antisubversiva soportada en un discurso patriótico y caudillista. Tampoco defiende un proceso de paz con una vieja e impopular organización terrorista de extrema izquierda.

Iván Duque no se autoproclama el salvador de la patria y su vanidad política no será estimulada por un grupo de académicos en Noruega.

La ausencia de un proyecto político que concentre las energías de su gobierno, una bandera, no es algo negativo. No necesariamente. Gestionar con prudencia y eficiencia la maquinaria política y administrativa del Estado no es un trabajo menor. Y los colombianos debemos acostumbrarnos, supongo, a gobiernos anodinos.

El problema es que el gobierno insustancial presidido por Iván Duque, con un norte desdibujado, ha tenido que sortear peligrosas mareas, como el de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y la violencia renovada y atroz que golpea ciertas regiones del país y que ha cobrado la vida de cientos de líderes sociales, atrapados en las desigualdades territoriales y el fuego cruzado por el control de las economías ilegales.

Cuando en el centro de los objetivos de un Estado se encuentra el cierre de un doloroso ciclo de violencia, eje central de su historia contemporánea, no basta con un gobierno que se limite, como un burócrata eficiente, a encauzar con éxito la inercia de sus políticas públicas.

Un gobierno sin estridencias y con aspiraciones modestas, influenciado por los intereses estrechos de los gremios económicos, está sostenido políticamente por un partido personalista cuyo jefe político, Álvaro Uribe Vélez, está en franca retirada, desprestigiado por oscuros procesos judiciales.

Y, pese a esta desalentadora radiografía del Gobierno, es probable que la presidencia de Iván Duque sea recordada como un período de grandes convulsiones sociales y de profundos debates acerca de la estructura económica de la sociedad colombiana.

Durante el año y medio largo que lleva el Gobierno, dos acontecimientos sorprendentes y con pocos precedentes han puesto en el centro de la opinión pública las injusticias que sufren millones de colombianos.

Las protestas masivas del 21N y el cacerolazo que cerró aquella jornada histórica fueron parte del primero. En sintonía con las movilizaciones sociales en diferentes países del sur del continente, la convocatoria tradicional de una serie de organizaciones estudiantiles y sindicales para marchar en contra del Gobierno fue desbordada por una explosión social que cuestionaba las políticas económicas y de seguridad del Presidente Duque y que tenía, como punta de lanza, el compromiso de una juventud urbana con ideas progresistas.

La habilidad del Gobierno para disminuir la presión de las calles, deslegitimar a los sectores políticos organizados de las marchas y reconducir las demandas sociales por una serie de mesas de diálogo sin rumbo y sin representación política, oxigenaron al Presidente y a su gabinete. Y para confirmar las expectativas positivas frente al 2020, el nombramiento de tres nuevos ministros prometía recomponer su accidentada relación con el Congreso y los partidos.

Justo cuando el optimismo del gobierno se iba a materializar con el inicio de una nueva legislatura en el Congreso, una enfermedad viral, declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pateó el tablero tradicional de la política colombiana y alteró radicalmente la agenda presidencial.

El Covid-19 ha obligado al Gobierno a tomar drásticas medidas de confinamiento para evitar un contagio veloz que sature el sistema sanitario. Sus efectos inmediatos son la parálisis de buena parte del sector productivo y los impactos sobre las proyecciones positivas que el Gobierno manejaba en materia de empleo y crecimiento económico.

El aparato institucional del Estado ha tenido que desplegarse con rapidez para proteger a los colombianos más débiles. El ambicioso paquete de transferencias monetarias que el Gobierno, junto con los gobiernos locales, está ejecutando para sostener económicamente la cuarentena de los hogares más pobres y vulnerables ha puesto, de nuevo, en el centro del debate público, las inaceptables desigualdades de la sociedad colombiana. 

Millones de trabajadores con empleos precarios, condenados a la incertidumbre de la economía informal y sin una red de solidaridad que los proteja. Hogares que no tienen garantías para su derecho fundamental a una vivienda digna. Niños y jóvenes sin las herramientas básicas para continuar con su formación académica de manera virtual, como el acceso a equipos y una conexión permanente a Internet.

En fin. Las deficiencias de un país injusto que debe cambiar y que la crisis sanitaria, económica y social generada por el coronavirus expone con crudeza.

Los entusiastas del proceso de paz con las Farc nos prometieron que uno de sus efectos, a mediano y largo plazo, sería la transformación de los términos del debate público. Sin las armas de la guerrilla estaríamos concentrados en las reformas sociales, siempre postergadas, de Colombia. La Historia, ojalá, les de la razón. Y que la evaluación del legado de este gobierno frívolo e intrascendente sea la del inicio de ese proceso histórico. 

* Edgar Quintero Herrera, estudiante de Periodismo de la Universidad de Antioquia. Conductor de Ojo Antioquia, un programa radial de análisis político.  @edgarquinteroh

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