Si las penas cada día son más drásticas y la comisión de delitos crece, el enfoque de la política criminal es inadecuado.

Una de las tantas realidades dramáticas que han aflorado a propósito de la pandemia es la de la población carcelaria. En Irán, se vieron obligados a precipitar una excarcelación de un número importante de personas privadas de la libertad y, en Colombia, todo parece indicar que ocurrirá lo mismo.La razón es lógica, un brote del virus en un establecimiento penitenciario sería una tragedia que enlutaría cientos de hogares.

Más allá de la emergencia, me parece que una vez superada la misma es necesario abrir un debate que suele ser impopular pero no injusto: se trata de examinar el futuro del sistema sancionatorio penal. Se insiste con frecuencia en que las condiciones de indignidad presentes en las cárceles es consecuencia del hacinamiento. En realidad, el hacinamiento es una agravación de las condiciones de indignidad porque éstas siempre están presentes en los establecimientos penitenciarios. La verdad es que el debate debe darse sobre la política criminal porque la política penitenciaria es consecuencia de aquella.

Para ese propósito, parto de una realidad que salta a la vista: no obstante que en las ultimas décadas se han aumentado sistemáticamente las penas de los delitos existentes y se han creado nuevos delitos, la comisión de éstos no cede. A este paso, ningún esfuerzo por construir nuevas cárceles será suficiente para asegurarnos, al menos, que no exista hacinamiento. De hecho, personas tan prestantes como Rodrigo Uprimny han propuesto una especie de certificado de disponibilidad carcelaria que debería ser acreditado antes de que un juez tome la decisión de privar de la libertad a una persona. En síntesis, si las penas cada día son más drásticas y la comisión de delitos crece, el enfoque de la política criminal es inadecuado.

Además, desde una perspectiva criminológica, la pena es un instrumento de prevención de delincuencia futura. Sin embargo, la realidad indica que está ocurriendo todo lo contrario porque la delincuencia está aumentando. Esto último me conduce a decir que la política criminal se ha concentrado en el derecho penal y ha dejado de lado el estudio criminológico que es aquel que le permitiría desentrañar las causas por las cuales la criminalidad est´ aumentando y cuales serían las políticas públicas más adecuadas para anticiparse a ese fenómeno y evitarlo. Para los Estados siempre es más fácil -y más popular- meter gente a las cárceles que invertir esfuerzos y recursos en prevenir el delito estudiando sus causas y actuando sobre ellas.

Especial atención merece el caso colombiano en lo que concierne a las medidas de aseguramiento. Gracias a la existencia del principio constitucional de la presunción de inocencia, la regla general es la libertad de las personas y su privación debe ser la excepción. En la práctica, está ocurriendo lo contrario porque del número de total de personas privadas de la libertad, el porcentaje de aquellas que no están pagando una condena es muy alto. Quizás los lectores no lo saben, pero es importante que sepan que de sus impuestos se pagan cada año millonarias indemnizaciones a personas que fueron llevadas a la cárcel durante la investigación de un hecho punible y luego fueron absueltas.

En el imaginario colectivo, existe la idea de que la cárcel es una especie de venganza de la sociedad y, a lo mejor por eso, es tan popular para los legisladores incrementar penas y crear nuevos delitos. Si así piensan la mayoría de la sociedad y quienes tienen la responsabilidad de dictar nuestras leyes, debo decir que están siglos atrás y que, al menos en la teoría democrática, ese esquema de pensamiento fue superado por uno que asume el derecho penal como la última instancia de control social , no la primera ni la única, y que entiende que la pena tiene entre sus funciones la de la resocialización de quien ha sido condenado.

Ojalá que una vez superemos esta pandemia salgamos de muchas zonas de confort, entre ellas la de ignorar a colombianos que están sometidos a una sanción. No por eso podemos condenarlos a la indignidad y, lo que es peor, ignorar a otros colombianos que viven el mismo drama sin que un juez haya determinado su responsabilidad.

*Guillermo Rivera, ex ministro del interior, ex representante a la Cámara. @riveraguillermo

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