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Fue el 13 de diciembre pasado, cuando el Presidente de la República, Iván Duque, lanzó la política de progas de su Gobierno, titulada “Ruta Futuro”. La vaguedad del título contrasta con el inequívoco mensaje central:
“Ruta Futuro es saber que la lucha contra las drogas no es una guerra perdida ni una política fallida. Tenemos una estrategia integral para avanzar hacia grandes resultados a favor de nuestra población. La lucha contra las drogas no se ha perdido. ¡Estamos listos para combatir!”.
Que la guerra contra las drogas no se ha perdido es un planteamiento que ignora la abundante evidencia nacional e internacional que demuestra todo lo contrario; apostar a que la estrategia del actual gobierno va a lograr lo que ninguno ha conseguido en el mundo por la vía de la guerra es prometer lo imposible con un facilismo que no deja de sorprender. ¿Listos para combatir? ¿Después de cuarenta y pico de años haciendo juiciosos la tarea de luchar contra las drogas, el gran llamado es al combate, a la manera de super héroes? La historia no debería pasar tan desapercibida…
El grito de batalla del Gobierno es el anuncio de un fracaso rotundo cuyas consecuencias habrá que medir en vidas humanas sacrificadas, sobre todo de campesinos inermes, líderes sociales, policías y erradicadores; en derechos vulnerados a los consumidores; en afectaciones serias al medio ambiente y en los costos económicos para el país. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), “durante los primeros dos meses de Gobierno, los homicidios en zonas de sustitución de cultivos aumentaron 35% con respecto a agosto, septiembre, y octubre de 2017[1]”
Podrán mostrarnos cifras grandes de hectáreas de cultivos ilícitos acabadas por obra de la erradicación o la fumigación, pero eso no indicará la victoria contra el narcotráfico. Nos querrán impactar con cifras de jíbaros y de usuarios de drogas (problemáticos o no) aprehendidos por llevar consigo su dosis personal, pero ello no implica que el consumo disminuya; lo más probable es que suceda lo contrario. Cabe mencionar que los indicadores que se utilizan para medir los resultados de las políticas, a nivel global, no son útiles para medir el impacto de las mismas, siendo ésta una falencia que se cuenta entre las muchas que tiene el Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Tan es así que la Comisión de Estadísticas de la ONU abrió el debate sobre este asunto que ya está en el tapete de la Comisión de Estupefacientes; por ejemplo, el número de hectáreas cultivadas o erradicadas no son un parámetro eficaz para definir qué tan bien lo está haciendo un Estado para afrontar el problema de los cultivos, la producción y el tráfico de drogas ilícitas Mucho más adecuado sería medir los resultados en materia de destrucción de laboratorios e incautación.
Otra arista clave para evaluar la política de drogas consiste en revisar su armonía con Acuerdo de Paz suscrito con las Farc. Si bien no se conoce aún el texto completo de la “Política integral para enfrentar el problema de lasdDrogas, Ruta Futuro” llama la atención que en el resumen Ejecutivo que se encuentra en la web del Ministerio de Justicia no se menciona, ni una sola vez, el Acuerdo de Paz.
En lo que hace al debate internacional sobre el enfoque de las políticas de drogas, promovido desde el 2012 por varios países, entre ellos Colombia, sería muy lamentable que el Gobierno defendiera la represión como eje central de las políticas globales, en contravía de las posiciones enarboladas por el gobierno anterior en todos los escenarios multilaterales que, en suma, consistieron en apostar por una visión centrada, de manera prioritaria, en los seres humanos y sus derechos. En marzo próximo, en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en Viena, Colombia tendrá que definir y sustentar una postura internacional entre una ruta al futuro global, u otra, al pasado.
[1] http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1710
*Sonia Eljach, abogada, ex Consejera Presidencial de Derechos Humanos, ex asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores, ex funcionaria de UNICEF.
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