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Para el Estado colombiano, es de menor importancia que “Otoniel” haya desplazado, asesinado y despojado; lo verdaderamente importante para el Estado colombiano es que “Otoniel” hubiese traficado con cocaína.
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El 4 de mayo de 2022 fue extraditado el máximo líder del “Clan del Golfo”, el ex paramilitar y ahora reo Darío Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. El curtido “señor de la guerra” ha estado por casi 40 años en ella: había sido parte del Ejército Popular de Liberación, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, de las Autodefensas Unidas de Colombia y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o “Clan del Golfo”. Esta última organización tiene más de 1.200 hombres en armas y casi 2.000 micro estructuras aliadas, toda vez que el “Clan del Golfo” actúa como una cooperativa del crimen organizado o, como lo ha clarificado Teófilo Vásquez, como una estructura paramilitar de tercera generación, al ser descentralizada, subcontratar violencia y tener un grupo de “fuerzas especiales” que disciplina a las estructuras aliadas que se quieren independizar de la organización central.
Acto seguido a la extradición de alias “Otoniel”, el “Clan del Golfo” decretó un paro armado en los más de 200 municipios en los que tiene presencia e incidencia, cuestión que concluyó en seis muertos y 180 vehículos incinerados en 119 municipios de los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Chocó y La Guajira. Por ende, el paro armado del “Clan del Golfo” no parece haber sido algo irrelevante en el periodo presidencial de Iván Duque, así este último así lo quiera hacer pensar. En otras palabras, el “embrujo Uribista” está al desnudo; al parecer, los uribistas no saben ganar guerras sin hacer alianzas con el crimen.
Un aspecto aún más alarmante es la presunta alianza del “Clan del Golfo” con sectores de las fuerzas militares en gran parte del país. Buen ejemplo de ello son los señalamientos de la Fiscalía General de la Nación en contra del ex-general del Ejército Nacional Leonardo Barrero, que exhiben la relación del ex-general con la “Banda la Cordillera” estructura filial del “Clan del Golfo”. Del mismo modo, “Otoniel” en pasadas semanas señaló que Barrera y otros “altos miembros del Ejército Nacional” habían estado vinculados con el “Clan del Golfo” lo cual permite entender los videos de los patrullajes de estos paramilitares con miembros de las fuerzas militares. Lo anterior fue fuertemente rechazado por algunos sectores políticos uribistas por la gravedad de creerle a “Otoniel”. En uno de los libros de Henri Beyle, un personaje de la obra encuentra a su mujer en los brazos de otro. Cuando éste le reclama por su traición, ella lo niega todo y, cuando él le dice que no puede negar lo que sus ojos ven, ella le contesta: “qué poco me quieres si das más crédito a tus ojos que a mis palabras”.
Daniel Coronell hizo pública la lista que entregó “Otoniel” sobre las personas relacionadas con el Clan del Golfo- Algunas de ellas fueron: Luis Pérez Gutiérrez, ex alcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia; Miguel Ángel Pinto, senador de la República; Milton Rodríguez Sarmiento y Carlos Cárdenas Ortiz, ex-senadores de la República; Sabas Pretelt de la Vega, ex-Ministro del Interior y de Justicia y ex-embajador; Jorge Noguera Cortés, ex-director del DAS y una decena de políticos regionales del departamento del Casanare. Al parecer, Daniel Coronell como nos tiene acostumbrados, encontró uno de los eslabones perdidos en este caso: las razones por las cuales Darío Antonio Úsuga fue extraditado hacia los Estados Unidos. Para el Estado colombiano es de menor importancia que “Otoniel” haya desplazado, asesinado y despojado. Lo verdaderamente importante para el Estado colombiano es que “Otoniel” con cocaína hubiese traficado.
No es la primera vez que sucede. En el pasado, el delito de narcotráfico se sobrepuso a los delitos en contra de la humanidad. El 5 de marzo del año 2009 fue extraditado Ever Veloza García, alias “HH”, el antiguo jefe paramilitar del Bloque Bananero de la AUC. Desde su captura hasta el año 2009, “HH” asistía a las audiencias de la Ley de Justicia y Paz, reconocía su responsabilidad y hablaba de posibles búsquedas de cuerpos que habían sido asesinados selectivamente y masacrados masivamente. En el momento que “HH” contó cómo terceros civiles apoyaron la creación, el desarrollo y financiación del Bloque Bananero, su extradición se volvió inminente. Las personas y grupos empresariales señalados por “HH” fueron la compañía Chiquita Brands, el coronel Bayron Carvajal, el General Rito Alejo del Rio, el senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, el senador Rubén Darío Quintero y el senador Antonio Valencia Duque. La verdad de “HH” incomodó.
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Otra verdad que incomodó fue la entregada por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, pues el señaló que los altos niveles de la Policía Nacional, Ejército nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estaban plenamente infiltrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Desde allí apoyaron y participaron de la consecución de miles de crímenes, entre de los que se encuentran los asesinatos de Eduardo Umaña, Elsa Alvarado, Mario Calderón y Jaime Garzón. Vale decir que las confesiones de Salvatore Mancuso llegaron 15 años tarde, 15 años después de su extradición, es decir, con la extradición de Salvatore Mancuso, la verdad sobre el paramilitarismo se fue de Colombia.
Al observar lo anteriores casos, solo se puede pensar que algunos de los sectores políticos y económicos más poderosos del país fueron responsables del conflicto armado en Colombia, que aún no se ve cerca de terminar. Cobra sentido uno de los testimonios entregados por el ex sicario del Cartel de Medellín, John Jairo Velázquez Vásquez, alias “Popeye”: “mire, lo más teso que yo sé es algo de un expresidente colombiano que más tarde hay que decirlo, pero por ahora no se puede porque es el hombre más poderoso de Colombia, más poderoso que cualquier mafioso” (…) poderoso económicamente, políticamente, de todo, es el dueño de la república de Colombia”.
Los investigadores del periodo de La Violencia señalaban en el año 1962 que la población civil percibió que las instituciones del Estado no estaban al servicio de los ciudadanos. En los años de “La Violencia”, las instituciones del Estado estaban al servicio “de un partido político”, lo cual generó una contra -ógica en torno al papel de las instituciones. Más de cincuenta años nos distancian de ese periodo. Sin embargo, esta situación no ha cambiado mucho. Con la extradición de Darío Antonio Úsuga, alguien tuvo que dar la orden de “a ese jefe paramilitar me lo extraditan ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!”. León María Lozano, alias “El Cóndor” de la ciudad de Tuluá reencarnó para nuevamente decir con furia “a ese me lo van a acostar ¡ya!, ya!, ¡ya!”.
El Sistema de Verdad Justicia Reparación y No Repetición (SVJRNR) tiene como uno de sus pilares misionales establecer la verdad de lo sucedido en el conflicto armado colombiano. El problema radica en que lo sucedido no es cosa del pasado; es cosa del pasado y del presente. Si se quiere establecer la verdad de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno, es necesario auscultar en el pasado y en el presente. Esclarecer la verdad implica pisar callos del presente y ahí está el origen de la tragedia, el esclarecimiento del presente, la verdad que les haría perder mucho dinero a algunos poderosos, la verdad que haría devolver la tierra, la verdad que clausuraría por un tiempo el tráfico de cocaína para algunas estructuras legales e ilegales, una verdad muy peligrosa, una verdad que incomoda.
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*Jorge Baquero Monroy. Licenciado en ciencias sociales de la Universidad de Cundinamarca. Mágister en administración pública de la ESAP. Investigador del proyecto Infraestructuras de Paz, agendas políticas y dinámicas organizacionales en la implementación efectiva del Acuerdo Final en Colombia (2016-2022).
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