Un programa público de empleo

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El camino para la solución a la crisis social de Colombia es la creación de trabajo decente; la búsqueda de soluciones que permitan ofrecer la posibilidad de un empleo digno a cientos de miles de jóvenes debe ser la prioridad de toda la sociedad, el gobierno y el sector privado.

La oportunidad de tener trabajo es el clamor latente de los miles de jóvenes que se han tomado las calles para manifestar sus frustraciones, su indignación, sus sueños de tener un futuro que hoy se les niega. Según la encuesta de Cifras y Conceptos para la Universidad del Rosario, el 74% de los jóvenes opina que el desempleo es hoy el principal problema del país, muy por encima del 20% que pensaban eso hace un año.

Por supuesto, la pobreza y el hambre también asedian. Hace una año solo el 3% de los jóvenes los señalaban como uno de los cinco principales problemas del país, mientras que hoy es el segundo, señalado por el 53%. Sin embargo, es claro que el hambre la pobreza son solo la consecuencia de no tener un trabajo digno que les dé los ingresos para vivir.

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Renta básica y subsidios a la nómina: necesarios pero insuficientes.

Cabe acá una reflexión sobre otras propuestas. La renta básica es absolutamente indispensable; con 30% de los hogares que no pueden hacer las tres comidas diarias, las transferencias monetarias del Estado son necesarias para que la gente pueda comer y sobrevivir. Con el programa de Ingreso solidario el gobierno dio un paso acertado en esa dirección, con el importante logro de haber construido los canales para transferir dinero a casi tres millones de hogares.

Este avance, sin embargo, se quedó corto por el mínimo monto de las transferencias asignadas, solo $160.000 mensuales por hogar, claramente insuficientes siquiera para la alimentación. Hay que aumentar la cuantía y el número de hogares beneficiados con las transferencias del Estado, implementando programas como el de la Renta Básica o el Ingreso Mínimo Garantizado.

No obstante, hay que tener claridad que las transferencias no son la solución de fondo del problema de la pobreza y el hambre aunque las mitigan. A los jóvenes y sus familias la renta básica les da presente pero no les da futuro. El trabajo remunerado les da ingresos pero sobre todo dignidad.

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Consideraciones similares se pueden hacer sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) que es el programa oficial de subsidios a la nómina para preservar empleos en el sector privado.

EL PAEF no logró su objetivo. En primer lugar, los subsidios llegaron tarde. El PAEF solo se creó dos meses después de la llegada del Covid a Colombia y el primer giro correspondió a la nómina del mes de mayo, muy tarde para los 4.5 millones de colombianos que habían perdido su empleo en el mes de abril.

En segundo lugar, el monto del subsidio fue muy reducido. En países como Inglaterra o Dinamarca, el Estado asumió hasta el 100% del salario básico; acá solo fue el 40% del salario mínimo. Muchas empresas que no tenían ingresos para cubrir el resto del salario tuvieron que despedir trabajadores y no pudieron solicitar el subsidio.

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Si ahora se decidiera aumentar el monto del subsidio a la nómina, se puede prever que tampoco tendría un impacto significativo en la creación de nuevos empleos. La razón es la recesión económica generada por la debilidad de la demanda, que implica que no hay compradores suficientes para todos los bienes y servicios que podrían producir las empresas.

En las actuales circunstancias, ninguna empresa va a contratar un nuevo trabajador solo porque le cubran un porcentaje, así sea alto, del costo salarial, salvo que tenga la certeza de que va a poder vender lo que produzca ese trabajador. Además del salario, la empresa tiene que pagar prestaciones sociales, adecuar un espacio para el trabajador, dotarlo de herramientas o maquinaria y suministrarle insumos y materias primas para producir. Si no puede vender sus productos, no tiene cómo pagar todos esos costos.

Un programa de empleo público

Se necesita un programa de empleo de emergencia que cree por lo menos 500.000 nuevos puestos de trabajo en el país. En medio de una recesión como la actual, el Estado es el único que tiene la capacidad de generar y financiar a corto plazo tal cantidad de empleos, pero no tiene la capacidad de administrarlos todos y se requiere también la participación de la empresa privada y la sociedad civil.

El ejemplo más ambicioso de este tipo de programas fue el “Civilian Conservation Corps” (CCC) del presidente Roosevelt en medio de la gran depresión de los años 30 del siglo pasado. A lo largo de seis años empleó a cerca de tres millones de personas, en su mayoría jóvenes, en labores de construcción de infraestructura y conservación y desarrollo de los recursos naturales en los terrenos de los parques nacionales.

¿Qué se pondrían a hacer esos 500.000 trabajadores en Colombia? Proyectos de creación de bienes públicos que no requieren un alto grado de capacitación: reforestación y recuperación de cuencas, de vías terciarias en el campo, de la malla vial en las ciudades, reparación y mantenimiento de infraestructura pública (parques, escuelas, centros de salud, etc.), servicios sociales para las comunidades, y tantas necesidades de bienes públicos que tiene el país.

El monto de recursos necesarios para el pago de estos salarios ascendería a unos $6 billones anuales (0.6%) del PIB, pero dado que las personas empleadas dejarían de recibir otras transferencias, el costo neto sería del orden de $4.5 billones. Es evidente que esta cantidad de dinero solo puede ser aportada por el presupuesto nacional.

Son varias las fuentes de recursos posibles. La más sana, aumentar los ingresos tributarios con medidas como las propuestas por la ANDI: la eliminación de los beneficios otorgados a las empresas en la reforma tributaria de 2019 le produciría al fisco ingresos por unos $15 billones, de manera que con una tercera parte de ese recaudo se financiaría del programa.

El papel del sector privado

Aunque se trata de mucha plata, éste no es el principal obstáculo para la implementación del programa. La dificultad principal radica en el montaje, la administración y la logística para la operación de una “empresa” de 500.000 trabajadores. Suponiendo que se hayan firmado los contratos laborales, empiezan los problemas prácticos. ¿Quién va a definir los proyectos a realizar? ¿Quién va a asignar a los trabajadores entre los mismos? ¿Quién los va a proveer de dotación, alimentación o transporte? ¿Quién les va a dar las herramientas necesarias para sus labores? ¿Quién va a proveer los insumos necesarios? ¿Quién va a dirigir la ejecución de las obras?

Para su CCC, Roosevelt resolvió estas preguntas creando una nueva agencia federal con un consejo asesor de alto nivel y encargando al ejército de su operación logística dado que tenía la experiencia reciente de organizar y movilizar a más de un millón de hombres en la I Guerra Mundial. Como las obras de la CCC se realizaron en terrenos del gobierno federal, no se requirió la autorización de los estados, aunque varios crearon programas similares.

En el caso colombiano, es necesaria la articulación con los gobiernos locales y la colaboración del sector privado. Lo primero es fundamental, pues los proyectos en los que se emplearía a la gente son todos (o por lo menos la gran mayoría) locales y requieren de la aprobación de alcaldes y gobernadores. Además, su ejecución tiene que estar articulada con las prioridades de los planes de desarrollo regionales. Hay experiencias locales exitosas, aunque de tamaño muy reducido, como el programa de Guardianes de Paz y Cultura de la anterior alcaldía de Cali que rescató a miles de jóvenes pandilleros.

La participación del sector privado (empresas y ONGs) se requiere para el manejo de la entidad que se debe crear para administrar el programa y su logística. Una experiencia de la que se pueden sacar importantes lecciones fue la reconstrucción del eje cafetero después del terremoto de 1999, para lo cual se creo el FOREC, fondo en el que el sector privado administraba los recursos públicos destinados a la reconstrucción, con una estructura de gerencias zonales para los distintos municipios.

No es una labor fácil la creación de 500.000 empleos públicos y requiere de una firme decisión política de parte del gobierno nacional para liderar y financiar el programa. Una forma práctica de hacerlo es empezar con un programa piloto para crear unos 50.000 empleos en Cali, ciudad que ha sufrido un verdadero terremoto social con destrucción de gran parte de su infraestructura pública.

La alcaldía, la gobernación y el sector privado han manifestado su intención de colaborar en programas para la reconstrucción tanto del tejido social de la ciudad como de su infraestructura. Su costo sería de unos USD 200 millones que, mientras se definen los nuevos impuestos, se pueden conseguir con créditos de entidades multilaterales que de seguro responderán con prontitud dada la atención internacional que han generado los desafortunados sucesos recientes.

*Mauricio Cabrera Galvis, Economista y Filósofo. Consultor independiente, [email protected]

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