Vacunas e irregularidad migratoria

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Sacado de GESTIÓN

Una política pública, que facilite el conocimiento de quienes en el país se encuentran y que a la vez inmunice contra el Covid-19 a la población que vive aquí y que contribuya económicamente con el país.

El gobierno de los Estados Unidos ha enviado a Colombia una importante dosis de vacunas contra el Covid-19 con la finalidad de que sean inoculadas a colombianos en situación de marginalidad y a migrantes venezolanos. Para el 31 de enero de este año, en este país nos encontrábamos, según cifras de Migración Colombia, 1.742.927 connacionales, de los cuales 983.343, estaban en situación de irregularidad migratoria. Ese número, obvio es decirlo, seguramente se ha incrementado.

Sacado de GESTIÓN

La mayoría del grupo que se encuentra regular, por su permanencia en el país y su inclusión en las bases de datos oficiales del país, probablemente ha podido acceder a los programas de vacunación que el Estado ha diseñado, lo cual no ocurre con quienes irregulares se encuentran. Esto debe resolverse porque no es poca cosa que el dos por ciento de la población, siendo ubicable y contribuyendo económicamente al país – como lo hacen en efecto según todas las cifras lo indican – no tenga acceso a ese beneficio, máxime cuando Colombia ha abierto a todos sus habitantes mayores de doce años, la aplicación de la vacuna.

Según hemos escuchado, la imposibilidad de saber en cuál lugar del territorio nacional el migrante irregular se encuentra impide que se pueda adoptar la decisión y, si ese es el problema, soluciones existen y, además, Colombia las ha implementado.

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En julio del 2017, cuando ingresé a esta tierra de Nariño y Caldas, en distintos sitios de San Antonio del Táchira, población venezolana fronteriza con Villa del Rosario en el Norte de Santander, uno se inscribía a través de enlaces colombianos con la institución oficial que expedía el carnet fronterizo. No había funcionario colombiano alguno que interviniere en esa operación; era la interacción entre el usuario y la computadora, simplemente. Eso mismo puede hacerse respecto del migrante irregular.

Así, para quienes no estén inscritos en el pre-registro del Estatuto diseñar un link para el Ministerio de Salud a través del cual éste se identifique, informe su documentación venezolana – cédula y pasaporte venezolano si lo tiene -, dirección en Colombia, número de teléfono colombiano o venezolano, correo electrónico, grado de instrucción, habilidades, si está acompañado con familia o no en Colombia y número de éstos, para finalmente preguntarle la forma y la fecha como ingresó al territorio nacional. Si esta última coincide o es igual o anterior al 31 de enero del 2021, el link lo redirecciona automáticamente al registro abierto a los efectos de la incorporación al Estatuto de Protección a fin de que la persona continúe inmediatamente con el proceso de encuestas que este prevé o lo haga posteriormente en función de su tiempo. Así, con esas simples preguntas – respondidas sin intervención de terceros -, el país tendría la información básica que le permitiría adoptar políticas públicas en consecuencia.

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La inscripción en cualquiera de dichos registros le permitiría al migrante irregular acceder inmediatamente a cualquier punto de vacunación habilitado al efecto y la persona que lo controla podría verificar dicha incorporación desde su celular simplemente colocando los datos de identificación de la persona. De lograrse, obvio es señalarlo, Colombia reduciría sustancialmente el eventual costo que originaría la hospitalización de quienes, por efecto del virus, se vieren obligados a acceder a los servicios de salud a consecuencia del mismo, en tanto que empezaría a conocer totalmente a los nacionales venezolanos que en esta tierra se encuentra. Basta para ello simplemente poner manos a la obra como respetuosamente sugerimos.

Los venezolanos queremos evitarle a Colombia, en la medida de nuestras posibilidades, cargas innecesarias. Una política pública, que facilite el conocimiento de quienes en el país se encuentran y que a la vez inmunice contra el Covid-19 a la población que vive aquí y que contribuye económicamente con el país, ayudaría en ese objetivo.

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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural

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