Me resulta por lo menos curioso que las autoridades sanitarias del mundo se apresuran a descalificar los tratamientos con moléculas que llevan décadas en el mercado, argumentando falta de evidencia, pero al mismo tiempo depositan su esperanza en vacunas, que tendrán muchas menos observaciones sobre sus efectos a lo largo plazo.

Desde hace unas dos semanas se viene posicionando en la agenda pública la discusión sobre la obtención de vacunas contra el Covid 19 por parte del Gobierno Nacional. Varios columnistas y congresistas hemos venido expresando nuestras preocupaciones. Algunos de nosotros hemos citado al Ministro de Salud, al Director del Invima y a la Ministra de Relaciones Exteriores, a un debate de control político donde esperamos aclarar varias de las dudas que surgen en materia de salud pública.

Son muchos los temas de interés nacional que son transversales a la obtención y distribución de las eventuales vacunas para prevenir el Covid 19. Uno de los que más me interesa es la promoción de un debate científico nutrido, transparente, público e independiente, en donde se hagan explícitos los criterios no sólo científicos, sino también éticos, con los que se habrá de enfocar esfuerzos en la consecución, no sólo de vacunas, sino también de tratamientos.

De esa primera premisa a favor del debate abierto se desprenden las demás inquietudes. Así, por ejemplo, es importante que los colombianos sepamos qué se está haciendo desde el Gobierno para promover el debate ilustrado y qué se está haciendo para encontrar tratamientos efectivos, pues ciertamente, un enfoque exclusivo en vacunas podría ser problemático por razones de salud pública, presupuestales, y de libertades individuales.

La primera razón, de salud pública, tiene que ver con los posibles efectos adversos que pueda tener una vacuna desarrollada con premura, con tiempos de aprobación recortados dada la emergencia y que sería aplicada en las personas sin haber observado previamente los efectos secundarios que ésta pudiera tener a largo plazo. El anuncio de la vacuna rusa pone sobre la mesa las aristas de las cuestiones éticas en juego.

No soy médico ni inmunólogo y no pretendo aportar nada al debate médico, pero sí al debate político y constitucional.

Desde el sentido común – el mismo al que apela el médico y exalcalde Rodrigo Guerrero para defender el uso de la ivermectina – y desde el derecho constitucional, me resulta por lo menos curioso que las autoridades sanitarias del mundo, las mismas que tardaron meses en declarar la pandemia y las mismas que hace cinco meses ponían en duda la efectividad y necesidad de los tapabocas, se apresuran a descalificar los tratamientos con moléculas que llevan décadas en el mercado, muchas de bajo costo o de dominio público, argumentando falta de evidencia, pero al mismo tiempo depositan su esperanza en vacunas con patente asegurada, que tienen muchas menos observaciones sobre sus efectos a lo largo plazo.

Si se argumenta falta de evidencia para recomendar tratamientos específicos, ¿por qué parece que no estamos haciendo mayores esfuerzos para levantar dicha evidencia con ensayos clínicos de diversos tratamientos en todo el territorio nacional? Lastimosamente, hemos visto que en la industria farmacéutica se publican estudios sesgados o incompletos en prestigiosas revistas académicas, tal y como ha ocurrido con los estudios de Monsanto-Bayer para justificar la seguridad del altamente tóxico glifosato.

Es por esta razón que el debate debe ser nutrido con numerosas publicaciones independientes y un diálogo permanente entre pares, apreciando el conocimiento científico local y permitiendo la libre expresión de posiciones disidentes, aún con las posiciones más controversiales, a fin de aceptarlas o rechazarlas mediante el uso de la razón y la evidencia. Imponer posturas hegemónicas, por el contrario, resulta opuesto al método científico.

Dicho esto ¿qué se está haciendo desde el Ministerio de Salud y el Gobierno para promover este debate? En cuanto a las preocupaciones presupuestales, tenemos que varios expertos entrevistados indican que las vacunas que se encuentran en desarrollo podrían no generar inmunidad a largo plazo, con lo cual podría ser necesario invertir en esquemas de vacunación de periodicidad anual. Esto no es algo malo en sí mismo, pero sí implica mayores esfuerzos presupuestales que, hasta donde hemos visto en el proyecto de Presupuesto para el 2021, son bastante flacos y difíciles de fortalecer dada la situación fiscal del país generada por la misma pandemia. Por ello, vuelve a ser importante que en el debate abierto entre expertos se evalúe la relación costo-beneficio de cualquier alternativa de salud pública para enfrentar al coronavirus.

Otra preocupación presupuestal está ligada a la posibilidad de que la vacuna no sea efectiva o que llegue a generar efectos adversos. ¿Quién asumirá esos riesgos? ¿El productor o nuestro erario y sistema de salud? Finalmente, en cuanto a las libertades individuales, nuestra Constitución protege a los ciudadanos y nos da el derecho fundamental a aceptar o rechazar procedimientos médicos de manera informada. ¿Cómo se garantizará este derecho fundamental a los ciudadanos que no quieran vacunarse y, al mismo tiempo, se les protegerá en su salud a los demás?

Vale la pena pensar en alternativas. Como vemos, el debate abierto, transparente, e independiente es mucho más importante que la retórica de la acción. Con frecuencia los gobiernos toman malas y onerosas decisiones con tal de mostrar que “se está haciendo algo”. No podemos darnos el lujo de que sea así con esta pandemia que no sólo ha afectado nuestra salud, sino también nuestros escasos recursos públicos.

*Carlos Ardila, Representante a la Cámara por el departamento del Putumayo. Abogado. Especialista en derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia. @CarlosArdila10

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here