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Así se encuentran en Colombia los naturales de ese país que deben solicitar nueva visa para tener permanencia regular en esta tierra. Los motivos son variados.
El primero de ellos se refiere al pasaporte.
Como es sabido, la visa a la cual se pretende acceder debe estamparse en dicho instrumento, pero ocurre que Colombia, a pesar de la alerta que algunos hicimos al respecto con la debida antelación, limitó a dos años la duración de la prórroga de los mismos – en contrario a otros países que lo hicieron por cinco – originando entonces que una parte de quienes habrán de solicitar nueva expedición de visa se encuentren imposibilitados de hacerlo como consecuencia de la referida limitación pues lamentablemente ese lapso de tiempo de prórroga venció a principios del pasado mes.
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Otra de las razones es la práctica que se está observando en Cancillería.
A quienes solicitan por segunda o posterior vez la expedición de la misma, los funcionarios a cargo están requiriendo instrumentos probatorios de cumplimiento de requisitos que resultan inclusive contrarios al principio de buena fe que pauta la Constitución del país en su artículo 83.
Ciertamente lo que está ocurriendo sorprende, pues mientras el señor Presidente Duque expide normativas que buscan regularizar nuestra permanencia, al extremo que el Estatuto de Protección Temporal al Migrante Venezolano – EPTMV – prevé que quienes en él se inscriban computarán su tiempo en el país para acceder a una visa, los funcionarios encargados de esa instancia en Cancillería realizan exigencias que parecieren dificultar nuestra presencia regular.
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Quien escribe persuadido está que cada nación tiene derecho a recibir en su territorio a los extranjeros que crea conducentes. Lo cierto es que la política pública implementada a través de los Permisos Especiales de Permanencia y ahora el EPTMV busca recibir e incorporar a los venezolanos y de allí que resulte contradictorio lo que observamos respecto de las visas. En todo caso, estamos conscientes de que los funcionarios encargados de realizar el estudio correspondiente tienen discrecionalidad respecto de su actuar pero ésta “debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa” como lo ha sostenido el Consejo de Estado y en ningún caso sinónimo de arbitrariedad como lo ha señalado la Corte Constitucional.
Podrá sostenerse que en la actualidad la gestión del señor Maduro ha emitido una nueva normativa en materia de pasaporte y a eso respondo que el gobierno de Colombia no reconoce a esa administración por lo que sería contradictorio que exigiere documentación emanada de ella.
Que conste que estas líneas solo tienen por objeto poner de presente una situación que nos está afectando. Es, si se quiere, un respetuoso llamado de atención.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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