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Guste o no a algunos, los tiempos del conflicto infructuoso debe cesar y un mecanismo idóneo para que ello ocurra es que comiencen a construirse los consensos indispensables.
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Se ha celebrado en Venezuela este pasado domingo 9 la última elección ordinaria prevista hasta el 2024, salvo que ocurra un imponderable que origine que alguna deba efectuarse anticipadamente tal como sería, en el caso presidencial, la convocatoria, realización y resultado exitoso de un referendo revocatorio antes del 10 de enero del 2023, vale decir, 365 días a contar de hoy. Así, si ello no es posible, la próxima elección dentro de la normativa del país, sería efectivamente la presidencial del año 2024 que, en los términos actuales de la legislación, pudiere celebrarse cualquier día de ese año, al leal saber y entender de los señores rectores del Consejo Nacional Electoral.
Mientras los días avanzan, está previsto que una parte de la sociedad civil active el referendo revocatorio que, por lo que uno lee en los medios venezolanos, no goza de unánime respaldo. En todo caso, es un mecanismo de participación política previsto en la Constitución y, en tal virtud, los ciudadanos tienen el derecho de activarlo, a pesar de que ello se realice contra la persona cuya legitimidad se discute. El problema del país es mucho menos jurídico que político y así lo están interpretando sus promotores.
Lo cierto es que, independientemente del avance o no del referido mecanismo, la circunstancia de su excepcionalidad permitiría – si existiese voluntad política para ello – que buena parte de los actores políticos que en Venezuela actúan, cualquiera sea el sector que representen, buscaren puntos de encuentro que permitieren la necesaria reinstitucionalización del país. Pensar, por ejemplo, que la decisión de la Asamblea Nacional elegida en 2020 de reformar la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, solo contando con sus integrantes, sin tomar en cuenta las decisiones que respecto de dicho órgano adoptó la Asamblea Nacional del 2015, en modo alguno resolverá el problema que afecta al mismo y, por lo tanto, no impactará la investigación que tiene abierta Venezuela en la Corte Penal Internacional producto de la aplicación del principio de complementariedad previsto en el Estatuto de Roma.
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Si existiere esa voluntad política, los próximos 24 meses pudieren ser aprovechados por los actores conducentes para plantear una reforma constitucional convenida y, por ende, con efecto inmediato, en la cual se eliminare la reelección presidencial, se redujere el periodo de actuación del presidente de la república, se delimitare con número cerrado – como en el Perú – el número de los diputados que integran la Asamblea Nacional y se precisare lo concerniente a la asamblea constituyente en cuanto a tipos de ésta, facultades de la misma y pasos para su convocatoria, así como la creación del sistema integral de justicia transicional, para solo citar cinco puntos a título de ejemplo.
Hago énfasis en que lo referido debería ser ejecutado por los actores políticos, pero tengo en cuenta que los ciudadanos están facultados para ello, con el agregado que el quórum requerido para que una reforma constitucional sea propuesta desde la sociedad civil es muy inferior al exigido para convocar una constituyente. En todo caso, es lo cierto que sea por una vía o por otra, sea en Ciudad de México, Caracas o toda Venezuela, con vista a la situación del país, los próximos dos años son tiempo propicio para tratar de construir consensos entre todos los venezolanos y claro estoy que no tratar de lograrlos a todos nos perjudicaría.
Guste o no a algunos, los tiempos del conflicto infructuoso – ése que se desarrolló desde 1999 a la fecha y que ha traído como resultado la derrota de todos los actores y de sus víctimas, los ciudadanos de a pie – debe cesar y un mecanismo idóneo para que ello ocurra es que comiencen a construirse los consensos indispensables.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural
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