Venezuela: la abstención como estrategia de lucha

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La abstención, conforme a las disposiciones venezolanas en materia de participación popular, sólo tiene valor en los referendos que requieren un número mínimo de convocantes y participantes.

Uno de los mecanismos que ha aplicado la dirigencia política venezolana que se ha opuesto al desarrollo del proceso que en el país se ejecuta desde el 2 de febrero de 1999 ha sido la abstención.

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A partir de la elección parlamentaria del año 2005, la misma ha sido explícitamente acordada por su liderazgo para la elección de constituyentes, la municipal y la regional del año 2017, más la presidencial del año 2018 y la parlamentaria del 2020, lo que debería llevarla a ella y, por consiguiente, a los ciudadanos, a evaluar sus resultados prácticos. Tal como lo sostiene Max Weber, el político responsable  es aquel que, no solo mantiene sus principios, sino también se hace responsable de sus actos.

No pretendo, por cierto, atribuirle a la dirigencia política en exclusividad la decisión de abstenerse. Todos y cada uno hemos sido responsables de adoptar la misma en algún momento de nuestra vida, pero eso debe conllevarnos a evaluar sus resultados. Si no lo hacemos y la estrategia resulta errada, estaríamos repitiendo permanentemente el mismo error y, por ende, reiterando ad infinitum los resultados.

Tomemos como ejemplo la elección del 2005.

Argumentamos para ella – y conste que me incluyo – que la misma sería fraudulenta y que el nivel de abstención obtenido generaría ilegitimidad del resultado. Lo cierto es, así nos pese, que los observadores internacionales que la presenciaron no validaron la argumentación en referencia, pero más aún, que el mecanismo fundamental en el cual se sostuvo la posibilidad del mismo – presencia de captahuellas – no fue utilizado. Asimismo, admitamos que, como consecuencia de la decisión en cuestión, la totalidad de los escaños en juego fueron ocupados por la representación del chavismo y, desde la Asamblea Nacional, no solo se legisló a placer para instaurar la reforma constitucional y el socialismo del siglo 21 que los ciudadanos le rechazaron al Presidente Chávez, sino que desde ella se habilitó a éste dos veces para legislar. Lo hizo hasta en materias de reserva legal, estableciéndose entre ambos un conjunto de normativas que disminuyeron el desarrollo democrático del país, lo cual todavía hoy se refleja en el devenir nacional, sin que por parte de la ciudadanía hubiere una reacción social de importancia al respecto.

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Aparte de ello, esa Asamblea Nacional modificó normativas aplicables a los poderes electoral, judicial y ciudadano, en tanto que designó en ejercicio de sus competencias a los integrantes de dichos poderes cuyos periodos vencieron entre 2006 y 2011, integrando mayoritariamente a copartidarios de línea de pensamiento, en tanto que  que se abstuvo de ejercer la competencia prevista en el artículo 187.3 constitucional que le permitía controlar a la administración pública, facilitando con ello la corrupción que desangró el erario público.

La abstención, conforme a las disposiciones venezolanas en materia de participación popular, sólo tiene valor en los referendos que requieren un número mínimo de convocantes y participantes. No lo tiene en ninguna otra por lo que basta un voto contra 99,99% de abstención para que aquel se imponga. Al ser ello así y constituirse esa figura entonces como una reacción  testimonial, los actores políticos y los ciudadanos estamos obligados a analizarla y decidir en consecuencia.

En dos domingos habrá en Venezuela elecciones regionales y municipales. Corresponderá a quienes en el país viven decidir – con su voto o abstención – quien es la persona que arreglará sus calles y decidirá las tarifas del servicio de aseo urbano que pagarán por solo citar dos ejemplos. Si las competencias de quien resulte ganador son arrebatadas por una decisión ejecutiva, será responsabilidad de quien adopte ésta las consecuencias de la misma.

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A pesar de ello, como quiera que la lupa internacional está puesta nuevamente en nuestra situación a consecuencia de la actuación del señor Fiscal de la Corte Penal Internacional, creo que lo conducente es concurrir, votar y elegir y que sea otro el que ordene la usurpación de funciones y corra con ello el riesgo de que esa instancia internacional persista en su interés de investigar pues dicho arrebato – indubitablemente ratificado judicialmente dada la actual integración del sistema de justicia –  le corroborará al citado funcionario internacional que la justicia venezolana es un apéndice del ejecutivo.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural

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