Venezuela: los jueces y el Estado de derecho.

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Los jueces deben ser designados por razones de mérito y capacidad y de allí la importancia de los concursos para acceder al sistema de justicia.

Este pasado 5 de noviembre apareció publicada en el bogotano diario EL TIEMPO una imperdible entrevista que la periodista María Angélica Correa le realizó al magistrado del Tribunal Constitucional de España, Manuel Aragón Reyes, en la cual, entre otras cosas, afirmó “la conversión de los jueces en agentes políticos destruirá el Estado de derecho”. Esas palabras, aplicadas obviamente a su país, retratan sin dificultad alguna la situación venezolana.

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El entrevistado formó parte de los asesores que tuvo la constituyente colombiana de 1991 y, visto el contenido íntegro de la entrevista, no dudo que aportes sustanciales a la institucionalidad que se construyó a partir de ese año hizo a este país de Nariño y Caldas que me sirve de hogar.

Por lo que se refiere a Venezuela, el año 2004 la Asamblea Nacional de nuestro país reformó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de aumentar el número de magistrados que integraban ese  órgano cúspide de la judicatura del país, consecuencia de que el mismo había decidido que los sucesos de abril de 2002, que originaron la salida del presidente Chávez de la primera magistratura, fueron consecuencia de un “vacío de poder” y no un golpe de Estado como se aspiraba en Miraflores. La decisión de incrementar el número de togados fue argumentada por el diputado Pedro Carreño sosteniendo que una situación como esa no debía repetirse y que, para ello, los magistrados que en lo adelante se incorporaren al máximo tribunal debían compartir absolutamente las posiciones políticas de la mayoría que les designaba.

Es así como, a partir de ese año 2004 y hasta diciembre del 2015, las facciones políticas vinculadas al proceso político desarrollado por el chavismo, han designado como magistrados de esa máxima instancia judicial de manera mayoritaria a personas afines a su línea de pensamiento, lo que se ha traducido en la imposibilidad de que se produzcan sentencias que contraríen el pensamiento de dicha corriente, aún cuando ello contradiga precedentes o tratados internacionales. Se impidió que los magistrados designados por dicho parlamento en julio de 2017 se incorporaren a sus funciones, deteniéndoles o impulsándoles a salir del país la mayoría de ellos como refugiados.

Así las cosas, la partidización de la máxima instancia judicial ha conllevado que, por efecto cascada, la designación provisoria de jueces recaiga en personas de pensamiento afín a la clase gobernante, obviando de esa manera la obligatoria realización de concurso que la Constitución exige para cubrir las vacantes judiciales.

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Son esos jueces y magistrados así designados los que han originado la decisión del señor Fiscal de la Corte Penal Internacional de avanzar en la investigación judicial por crímenes de lesa humanidad en nuestro país puesto que, al no existir un sistema de justicia confiable, por aplicación del principio de complementariedad previsto en el Estatuto de Roma y la circunstancia de ser Venezuela parte del mismo, él intervino y a ello deben atenerse todos los que de alguna manera en los hechos a investigar intervinieron.

La circunstancia de que la política hubiere entrado en los estrados judiciales por la puerta – puerta grande por demás – originó la salida en volandas de la justicia por la ventana con las consecuencias que señalo, lo cual debe ser reparado.

Si ése es el problema – que lo es y muy grande -, al mismo es menester buscarle perentoria solución y ésta es, indubitablemente, la reinstitucionalización urgente del poder judicial, comenzando por su cúspide, el Tribunal Supremo de Justicia. En la medida que se avance en ello, la confianza de los venezolanos retornará al sistema puesto que es él quien deberá arbitrar en derecho y no en política o amiguismo los conflictos de todos en el país.

Tal como lo señaló el entrevistado en la nota que refiero, los jueces deben ser designados por razones de mérito y capacidad y de allí la importancia de los concursos para acceder al sistema de justicia, lo cual – adrede – se ha obviado en esta Venezuela del siglo 21, a pesar de la exigencia constitucional al respecto. Ese mecanismo es el mandatorio constitucionalmente y es por el cual hemos abogado siempre.

Que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigue los crímenes que se habrían cometido en nuestro territorio a partir del 2017 y la eventual decisión que respecto de ellos se emita no debe satisfacernos. Ella solo atenderá el problema de unos pocos, en tanto que el de los demás habitantes de nuestro país estará supeditado a que se produzca un cambio profundo de nuestras estructuras.

Estoy convencido que todos debemos impulsar la reinstitucionalización venezolana. Igual lo estoy de que el punto de partida inicial de ello debe ser el Tribunal Supremo de Justicia por ser éste la cúspide del poder que resuelve los conflictos de todos, lo que requiere que en él tengamos la mayor confiabilidad. Mientras más tiempo tardemos en avanzar en esa decisión, más afectado estará el país.

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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural

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