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La construcción de ese sistema, colateralmente a la reinstitucionalización, permitirá que ésta pueda avanzar en búsqueda del retorno de las prácticas democráticas perdidas en nuestro país.
Hemos insistido en distintas oportunidades en la necesidad de la reinstitucionalización del país, partiendo del poder judicial y en especial de su máxima instancia, el Tribunal Supremo de Justicia. Ese objetivo, sin embargo, por sí solo es insuficiente.
Una disposición constitucional venezolana – el artículo 138 – establece de manera taxativa que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos y ésa es la coyuntura a la que se enfrentarán los integrantes de esa máxima instancia si no se adoptan decisiones políticas que la resuelvan.
En efecto, la bicefalía institucional que ha caracterizado el devenir venezolano de los últimos cinco años origina que alguno de los participantes de la misma no habría ejercitado la competencia que se atribuye y, al ser ello así, aparte de que cometió el delito de usurpación de funciones, ha realizado, tal como lo establece la Constitución, actos sin efecto legal alguno.
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En condiciones normales, quien resulte derrotado en el conflicto venezolano sería la víctima de su accionar, mas ocurre que tal como se han desarrollado los hechos y lo demuestra la circunstancia que en igualdad de condiciones ambas partes estén sentadas en Ciudad de México en una mesa de negociación, en el nuestro no habrá ganador alguno que pueda imponer su voluntad política y jurídica al otro, lo que obliga a diseñar estrategias que enfrenten la situación jurídica que describo.
En circunstancias similares a las nuestras – de conflictos donde no hay ganadores -, es normal implementar cuando menos tres instrumentos que enfrenten la situación, a saber: una Comisión de la Verdad, integrada pluralmente y por terceros representativos para las partes, que deje constancia cierta de los hechos y circunstancias que originaron el conflicto y sus responsables políticos; en segunda instancia, un sistema de justicia transicional que permita responder en los términos que se prevea respecto de los hechos punibles que ocurrieron durante el período que examinará la referida comisión – excepto por aquellos de lesa humanidad – y, tercero, una ley de amnistía que ponga fin a las responsabilidades derivadas de acciones que las partes asumieron de buena fe en respaldo de su posición.
La construcción de ese sistema, colateralmente a la reinstitucionalización, permitirá que ésta pueda avanzar en búsqueda del retorno de las prácticas democráticas perdidas en nuestro país.
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Como siempre ocurrirá, alguno que me lee afirmará que es inadmisible la propuesta que presento. La crítica sería válida en circunstancias en las cuales se produce la derrota absoluta del adversario pero ése, como lo he sostenido, no es nuestro caso.
Así como durante todo este siglo 21, quienes han ocupado el Palacio de Miraflores tuvieron por objetivo acabar con sus opositores y lo trataron de hacer de hecho y de palabra, a través de listas de apartheid, expresiones continuas de denuesto personal contra el adversario, políticas públicas destinadas a minimizar la capacidad económica del ciudadano, torturas, muerte y exilio, seguramente que quienes ello realizaron tienen también un listado de conductas atribuibles a sus adversarios cuya investigación exigen. Así entonces, como quiera que ninguno pudo vencer al otro, es menester construir de mutuo acuerdo el sistema que permita satisfacer las exigencias recíprocas, en igualdad de condiciones y en presencia de terceros, tal como se está negociando en México con los riesgos que implica para quien decida levantarse sin llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
A la dirigencia política venezolana le corresponde pasar revista a las decisiones y acciones que adoptaron países que como el nuestro enfrentaron conflictos y se vieron precisados a resolverlos a través del diálogo y la negociación, cuando se hizo imposible la victoria por vía de los hechos de un actor sobre otro. Esa tarea es imperativa si queremos que la reinstitucionalización que se plantea sea exitosa.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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