Es una exigencia en una democracia que se respete que el poder legislativo pueda controlar la gestión política del gobierno.

En España, por citar un caso -que es un gobierno parlamentario- los factores que adversan al gobierno del señor Sánchez han reiterado la exigencia, a partir de la vigencia del régimen de excepcionalidad gubernamental allí existente como consecuencia de la tan mentada pandemia. Igual hacían quienes hoy gobiernan cuando hasta hace poco el señor Rajoy era el presidente del gobierno de ese país.

En Colombia, por su parte, para quienes fuera de esta tierra me leen, el congreso, como normativamente está previsto, se encontraba en receso desde diciembre pasado y, con vista al coronavirus, ante la inexistencia de una legislación que permitiere sesiones virtuales, ello no había sido posible. Esta semana, sin embargo, los congresistas reiniciaron por medios telemáticos las sesiones al subsanarse los vacíos correspondientes, iniciándose de inmediato las acciones de control respectivo.

Cualquiera sea el sistema de gobierno que una democracia adopta, lo normal en el mismo es que quienes están al frente del poder ejecutivo o de sus instituciones, deben presentar cuentas a quienes representan a los ciudadanos: el poder legislativo.

Eso que parece obvio, no lo es tanto.

Hay un país en nuestro continente en el cual buena parte de sus ciudadanos no saben que eso es posible, a pesar de que la constitución del mismo, al órgano legislativo respectivo le atribuye esa competencia.

Ello ocurre porque hasta el 2015 la mayoría de los integrantes del respectivo parlamento eran mayoritariamente del partido de gobierno y no lo consideraban pertinente y, desde el 2016, en adelante, porque al estar en minoría en dicho cuerpo, instrumentaron una serie de maniobras políticas y jurídicas que lo impidieron, manteniéndose dicha situación al sol de hoy.

Un gobierno de esas características no puede calificarse de democrático, a pesar del afecto que respecto de quienes le dirigen alguna dirigencia política de otra nación le tenga. Si ella exige control en sus respectivos países, cuando se refieren como democrático a ese otro, deben hacer algo similar. Igual ocurre con quienes propician la inexistencia del mismo internamente pero afirman que se está en la mejor democracia del mundo. Es simplemente el respeto a la coherencia con lo que se afirma.

En ese país al cual me refiero y que hasta ahora no he mencionado, lo único que sus ciudadanos exigen es democracia, lo que implica entre otras cosas, permitir el control político de quienes al frente de la cosa pública están.

Por cierto, para quien no lo sepa, ese país que no he mencionado, es el mío: Venezuela.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente de AsoVenezuela, @barraplural

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