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Apolíticos y no deliberantes. Así previó la Constitución venezolana de 1961, derogada por la auspiciada por el señor Chávez en el 99, que debían ser los militares en mi país.
Seguramente, la decisión de quienes lo acordaron, se fundamentó en la circunstancia que, entre 1948 y 1958 – diez largos años – fueron los militares quienes decidieron la vida y destino del país y sus habitantes, jactándose de ello, al punto que, en sus carros, a la vista de todos dejaban las gorras de su uniforme para que los viandantes observaran de quién era el vehículo.
Desde el 13 de febrero de 1959, los militares regresaron – con todo y sus gorras – a sus cuarteles. Cuando se pretendieron alzar contra la democracia, fueron derrotados – salvo Chávez y su cófrades -, juzgados y condenados.
La única participación política que a los uniformados se les permitió durante la democracia venezolana fue – casualmente – en el acto electoral a través del denominado Plan República.
Conforme al mismo, les correspondía a ellos custodiar los centros de votación y la tranquilidad del acto comicial. Con la Constitución de 1999, la situación cambió. Desde diciembre del 99, en Venezuela los militares – aparte de ejecutar ese plan – votan.
Hasta aquí pareciere que, salvo el voto, nada ha variado.
Craso error. Los militares en Venezuela hacen política, uniformados o no. Emiten opiniones de esa naturaleza sin ningún tipo de rubor y tienen consignas evidentemente político partidistas.
Quienes fuera de Venezuela me leen deben saber que todas esas actuaciones y otras como la de mantener abiertos los centros electorales a pesar de haber llegado la hora de cierre del mismo y no haber electores en la fila, así como también la de buscar en sus hogares a los electores que el partido de gobierno les señale para conducirlos al centro de votación y, en ocasiones, decidir en el todo lo que haya que hacer, a pesar de que eso es competencia del organismo comicial, lo hacen los militares en Venezuela gracias a la interpretación que del texto constitucional han hecho los políticos vinculados al chavismo y el tribunal que ellos designaron. Así, entonces, los militares son actores de la política, con la especial particularidad de tener el monopolio de las armas.
Uno, que se la pasa pensando en las cosas que habrá que modificar dentro del texto constitucional venezolano, está seguro que el artículo 328 que regula lo relativo a esa fuerza, debe ser, con toda certeza, de los que habrá que revisar.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente de AsoVenezuela, @barraplural
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