Letra muerta. En ningún país que se respete, la constitución puede ser letra muerta. Cuando eso ocurre, los habitantes del mismo corren gran riesgo. El del autoritarismo. De eso, algo sabemos los venezolanos.

Colombia, conforme a su constitución, es un Estado social de derecho. Ese mismo Estado garantiza la no discriminación por razones de raza, sexo y nacionalidad, entre otros y, adicionalmente, considera a los extranjeros que en él hacen vida como habitantes del mismo, por tanto, sujetos de derecho.

El SITP es el Sistema de Transporte Urbano de Bogotá. A través de él, todos los que en esta ciudad habitamos circulamos por la misma, pagando las tarifas respectivas. Hasta diciembre pasado, los venezolanos con Permiso Especial de Permanencia PEP – como extranjeros que somos -, al igual que los colombianos teníamos la posibilidad de tener tarjetas personalizadas emitidas por esa entidad con las ventajas que eso conllevaba. Esa posibilidad existía porque la administración del SITP, acogiéndose a lo que ha decidido el Estado colombiano, reconocía al PEP como instrumento de identificación en el país. Desde diciembre, eso cambió.

Por razones que a la fecha no han sido aclaradas, a partir de ese mes, solo es posible que las tarjetas personalizadas sean entregadas a personas con cédula colombiana. A más nadie. En un Estado social de derecho, donde por razones obvias, estos tienen carácter progresivo – vale decir luego de que disfrutas de los mismos no se te pueden restringir sin motivo alguno -.

Alguna persona comentó que la decisión era producto del “alto índice de delincuencia” de los venezolanos en el Transmilenio. Las cifras están a la vista; no hay tal índice. Es es una percepción xenófoba que en nada ayuda a la integración de cualquier migrante a Colombia.

AsoVenezuela radicará ante esa empresa de servicio bogotano el correspondiente derecho de petición para obtener respuesta respecto del cambio de política pública y, dependiendo de la misma, ejecutará las acciones que sean conducentes a los efectos de revertir una decisión contraria.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente de AsoVenezuela, @barraplural

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