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Un tuit de Humberto de la Calle motiva la presente reflexión. Afirmó el ayer domingo 20 de octubre que Colombia era incomprensible. Calificó de irresponsables a quienes atribuyen a una corte ‘santista’ una decisión judicial que dejó sin efecto, a partir del 31 de diciembre de este año, una importante ley para Colombia y señaló que cada día se dañan mas las instituciones.
No puede quien escribe – ni lo hará – emitir opinión sobre las decisiones que incumben a Colombia, pero sí creo prudente recordar un poco como los venezolanos llegamos a hoy.
Para 1992 funcionaba en mi país un acuerdo no escrito denominado “Pacto Institucional”. Conforme a él los principales partidos políticos – incluyendo los minoritarios – tenían representación en los distintos poderes públicos. Dicho pacto se institucionalizó en 1969 cuando fue imposible poner de acuerdo al partido ganador de la elección presidencial del diciembre anterior – Copei – con su principal opositor – AD – a los efectos de designar la directiva del congreso, el contralor y el fiscal general de la república.
Ese pacto funcionó efectivamente hasta el golpe de Chávez de 1992.
Como consecuencia del mismo, las élites – esas que preferirían pensar por todos nosotros – hicieron más intensa su campaña destinada a que se modificara, no solo el gabinete del presidente Pérez, sino también la Corte Suprema de Justicia.
En un año en el cual la economía creció 10% – sí 10% – , Pérez en el ejecutivo y su partido en el Congreso, modificaron gabinete y Corte. Ellos escucharon la voz de la “sociedad civil”.
Respecto del gabinete – integrado entre otros por independientes y militantes de otros partidos democráticos – cierto es reconocer que actuaron institucionalmente y acompañaron al Presidente hasta su defenestración en mayo del 93 cuando por decisión de la Corte – sí, la misma que se había modificado – debió cesar en su cargo.
Debe saberse que Pérez fue juzgado por financiar el viaje de agentes policiales venezolanos hacia Nicaragua a los efectos de resguardar la vida de la señora Violeta Chamorro, electa presidente de ese país. Si quien me lee no lo sabe, le informo que desde su primera presidencia (1974-1979) Carlos Andrés Pérez y todos los que le siguieron en el ejercicio de ese cargo, hicieron gestiones con dinero venezolano para garantizar el retorno de la democracia en Centroamérica.
Por esa política de Estado, esa corte reestructurada lo juzgó y lo condenó y con él a todos nosotros. Por cierto, varios de los integrantes de ella fueron quienes abrieron la puerta a que la constituyente venezolana pudiere realizarse en el país, a pesar de que la constitución de 1961 no lo permitía.
Creo prudente una precisión adicional: lo que nos pasa en Venezuela, por acción u omisión es responsabilidad de todos nosotros. Los ciudadanos nos abstuvimos de participar en política; los partidos partidos políticos en ese periodo 1994-1998 previo a la elección de Chávez, no solo impidieron la reforma constitucional que planteó el Presidente Caldera en su segundo gobierno, sino que, para colmo, eligieron a dos candidatos presidenciales que no representaban el deseo de cambio del país. Las élites – decididas como estaban a controlar el país – a través de sus medios y voceros hicieron lo necesario para acceder al poder, al costo que fuere. Un cóctel mortal. Y lo bebimos.
Colombia hará lo que tenga que hacer. Uno como habitante del país solo se permite recordar experiencias ajenas que, en este momento, a Colombia mucho impactan.
Gonzalo Oliveros Navarro, @barraplural, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, refugiado en Colombia, presidente de @AsoVenezuela.
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