La semana pasada, reseñaron algunos medios en Venezuela el decomiso de un cargamento de drogas en las cercanías de Aruba y Curazao provenientes del noroccidente del país. Esta semana, a su vez, se informó de otro hecho similar en costas de Galicia, respecto de droga trasegada a la respectiva embarcación, en el estado Sucre, al nororiente venezolano.

En el segundo caso, lo ocurrido trajo como consecuencia la detención de un importante grupo de personas en Galicia en tanto que, en el primero, se han producido detenciones en Venezuela de algunas personas en los estados Falcón y Carabobo de nuestra tierra.

Los sucesos referidos han generado una reacción interesante.

Algunas personas les reclaman a los parlamentarios que hacen vida en esos estados venezolanos antes mencionados su silencio respecto del tema de la droga. Llegan a llamarlos cómplices por no decir nada al respecto y allí es donde me interesa enfocar la situación.

Seguramente que quienes hacen el reclamo aspiran a que, como consecuencia de la correspondiente denuncia parlamentaria, la Asamblea Nacional convoque a las autoridades civiles y militares que hacen vida en esos estados para reclamarles su inacción. Probablemente exigen que los fiscales del Ministerio Público que en los mismos actúan y hasta el Juez Rector Penal de cada circunscripción comparezcan ante la instancia parlamentaria para que informen respecto de lo que está ocurriendo. El reclamo lo hacen a sabiendas que ninguno asistirá.

Deben saber quienes fuera de Venezuela me leen que, desde enero del 2016, mes y año en el cual se instaló la Asamblea Nacional presidida desde enero del pasado año por Juan Guaidó, desde la máxima instancia judicial de Venezuela, se aprobaron múltiples decisiones que invalidan cualquier actuación eficiente del parlamento. Así, en efecto, no ha sido posible realizar interpelación alguna a ningún funcionario público cuya designación dependa de lo que disponga el señor Maduro. Por consiguiente, al desconocer los restantes poderes que en el país hacen vida la actuación del poder legislativo, cualquier gestión que respecto de ese tema se realice será inoficiosa. Pero también será riesgosa.

En efecto, al no tener los parlamentarios el respaldo efectivo de la institucionalidad armada del país -militar y policial-, las gestiones que, contra la delincuencia organizada, se realicen acarreará seguramente para quien lo solicite poner en riesgo su propia vida sin ningún tipo de protección institucional.

Para un observador a la distancia resulta sorprendente que, a sabiendas de esa situación, algunos reclamen conductas determinadas que pondrán irremisiblemente en riesgo la vida del parlamentario y de su familia, lo que genera la inquietud respecto de la inocencia del planteamiento.

En Venezuela, nada es normal. Solo cuando la institucionalidad retorne al país será posible exigir actuaciones como las que se pretenden; antes, no.
zuela, nada es normal. Solo cuando la institucionalidad retorne al país será posible exigir actuaciones como las que se pretenden; antes, no.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente de AsoVenezuela, @barraplural

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