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Es ese el término que he observado se utiliza en Colombia para dejar constancia de una situación inconveniente.
Unos buenos amigos -pequeños empresarios- que, con su emprendimiento, mantienen indirectamente a veinte personas, fundados en las políticas de ayuda a las PYMES anunciadas por el gobierno del Presidente Duque, muy confiadamente se dirigieron al banco en el cual su empresa tiene la cuenta.
La empresa que formaron, constituida hace dieciocho meses, es una que presta servicios. Lo hace en la actual circunstancia vía teletrabajo pero, dada la naturaleza de ella, los mismos son limitados y sus costos se mantienen.
Ante esa situación ocurrieron a la banca con vista al correo electrónico que, respecto de las novedosas políticas crediticias aprobadas, se le dirigió. Les llegó la respuesta.
La institución bancaria le informa que requiere, entre otros datos, cédula de ciudadanía de los socios, estados financieros con notas de los últimos tres años y declaración de renta de la empresa y los socios. Adicionalmente, le informa que todavía no están determinadas las tasas aplicables.
Los socios de la empresa y ésta pagan impuestos. Los primeros no son colombianos; son venezolanos y la empresa no tiene tres años constituida. Así entonces, como quiera que no se cumplen los extremos del banco, simplemente no habrá ayuda y veinte personas que de ella dependen, quienes con su trabajo ayudan al crecimiento del país, probablemente irán a la calle. Qué pena.
Algo no está funcionando bien. Una cosa decide el Gobierno al más alto nivel y otra ejecuta la banca.
A pesar de las garantías que el Estado a esta está ofreciendo y la circunstancia que ninguno de los socios de esa empresa está reportado en las centrales de riesgo, para ellos posibilidad de ayuda, no hay.
Lo que describo no solo aplica a los venezolanos. Más faltaba. Aplica a todos quienes no cumplen los estrictos requisitos de esa institución bancaria. Bastaría hacer una pequeña proyección para saber el impacto que políticas como esa tendrán en la economía del país.
A las autoridades no solo les corresponde diseñar la política. También debe hacerle seguimiento a sus resultados. Si ello no ocurre, se corre el riesgo de que, a pesar de ser Colombia un país de leyes, la normativa aprobada se quede en letra muerta.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente de AsoVenezuela, @barraplural
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