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Con ocasión del suicidio del ex presidente peruano Alan García, afirmé que estimaba que a quienes habían ocupado esa alta magistratura debía otorgárseles una especie de fuero especial que permitiere su enjuiciamiento en libertad.
Fundamentaba el criterio en cuestión en la circunstancia que, a mi juicio, quienes ocuparon la alta magistratura de una nación gozaron de lo más importante que un ciudadano demócrata pudiere obtener, que es el favor popular.
También sostuve que consideraba que si esa persona resultaba culpable del delito que se le imputaba, por haber ocupado la primera magistratura nacional, la pena debía ser incrementada.
Hoy reafirmo los conceptos y sostengo que nuestras naciones deberían legislar al respecto.
Lamentablemente, para nuestros países latinoamericanos, algunos de quienes han ocupado la más alta magistratura, han debido enfrentar procesos judiciales. Ha ocurrido en Centroamérica y Suramérica. Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, entre otros, han sido países en los cuáles el problema se ha planteado.
Ayer, 4 de agosto del 2020, en Colombia, la Corte Suprema de Justicia ha acordado enjuiciar al senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien para buena parte de los venezolanos es una referencia especial, determinando para él medida de aseguramiento domiciliario, similar decisión a la que en su momento se produjo en nuestro país contra el Presidente Carlos Andrés Pérez.
Uno, como extranjero, no opinará de asuntos internos que solo a los nacionales colombianos corresponde. La opinión que expongo es, en todo caso, como abogado y respecto de una situación jurídica general.
Con la normativa que señalo, se garantiza sustancialmente la honorabilidad del imputado y la debida sanción derivada de la violación de la confianza pública si se resulta finalmente culpable del delito correspondiente.
Seguramente, algún lector me afirmará que, en esas circunstancias, se corre el peligro de fuga. Sostengo que es cierto y que también lo es que al país que se traslade se le podrá solicitar la extradición, la cual no procedería si se calificare para una solicitud de asilo y ésta fuere declarada procedente, lo cual, en principio, dejaría mal parada a la justicia que lo requiere.
Probablemente, otro aducirá que la propuesta que esbozo va en contravía del principio según el cual todos somos iguales ante la ley. A éste le advierto que no es verdad y tan no lo es que algunos tienen jueces especiales que juzgan su conducta.
Concluyo reiterando lo que afirmé respecto de Alan García. No es lo mismo enjuiciar a cualquier hijo de vecino que hacerlo con quien gozó en su momento del apoyo popular. Así lo creo para todos quienes ocuparon tan importante posición, en cualquiera de nuestros países.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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