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Carta de entendimiento. El Ministerio del Trabajo de Colombia y ACNUR eso han suscrito, según informó la pasada semana el bogotano diario El Tiempo.
Según la reseña periodística, dicha carta tiene por objeto “avanzar de forma conjunta en favor de la población refugiada y migrante venezolana, solicitantes de asilo y retornados colombianos para fomentar su inserción en el mercado laboral”.
Indicó en la información el Ministerio del Trabajo de Colombia que la dificultad en vincularse laboralmente para los venezolanos deriva de problemas de identificación y de validación de títulos, a la vez que consecuencia de la pandemia.
Ciertamente, las razones esbozadas por el ente laboral son correctas y respecto de las mismas hemos propuesto alternativas.
Por lo que concierne a la identificación, hemos sugerido de manera reiterada la apertura de un nuevo registro de migrantes irregulares, con las ventajas que ello conlleva, muchas veces citadas.
Por lo que se refiere al sistema de convalidación, hemos afirmado que el Estado colombiano, a través del Ministerio de Educación que es al que compete el tema convalidación, tiene la posibilidad de aplicar el manual de interpretación o aplicación de la Convención sobre la Apostilla, tal como lo ha sugerido en algún documento Cancillería de Colombia, lo cual hasta ahora no ha hecho.
Así las cosas, la Carta de Intención suscrita es, sin duda alguna un avance en los temas que nos ocupan, mas lo cierto es que depende de la absoluta interacción de las autoridades colombianas para que su contenido se materialice.
Mientras eso ocurre, los migrantes irregulares y los solicitantes de refugio se encuentran impedidos de aportarle económicamente a Colombia, salvo que accedan a un Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización que, por la actual situación económica del país derivada del efecto Covid-19, lo dificulta grandemente, lo que nos ha llevado a proponerle al Estado colombiano la apertura de un nuevo registro de migrantes que comprenda a todos los que esa condición tienen.
La decisión de que los venezolanos podamos incorporarnos a la vida activa del país y así poner nuestras competencias y habilidades a plenitud en beneficio de esta tierra que nos recibió solo depende de sus autoridades. En la medida que lo dispongan dejaremos de ser una competencia desleal para el colombiano y minimizaremos con ello la xenofobia que la misma genera.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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