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Es ley de la física que los vacíos se llenan.
El 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro asumió la presidencia venezolana. Ese acto fue desconocido por gran parte del país y por buena porción de la comunidad internacional, dado que no se le daba validez a los términos, condiciones y modalidades en los cuales se desarrolló todo el proceso que concluyó en mayo del 18 con la elección presidencial.
Como consecuencia de ese desconocimiento, una tercera parte de los integrantes de la comunidad internacional – quizás los más representativos desde el punto de vista de la defensa de los valores democráticos – reconocieron al Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó Márquez, como mandatario interino venezolano, condición que hasta el momento se mantiene. Fundamentan el reconocimiento en la circunstancia que él es el representante del único poder público en el país legitimado por los votos como expresión de la voluntad popular.
Este pasado mes de junio, los abogados que ocupan la sede del máximo tribunal venezolano designaron un nuevo Consejo Nacional Electoral, a pesar de que en la Asamblea Nacional se adelantaba el procedimiento correspondiente; adicionalmente, intervinieron la junta administradora de dos de los principales partidos políticos del país y conocen de solicitudes de igual tenor para otros dos.
La sola circunstancia de las actuaciones jurídicas citadas – sin contar el hecho de que una de las señoras designadas para el órgano comicial ha sido promotora de la situación de caos político en el cual Venezuela se encuentra – ha originado voces de alerta respecto de los resultados que arrojarían en el próximo diciembre las elecciones parlamentarias planteadas para ese mes.
Ante esa situación – si lo descrito se mantiene – es posible que, en enero próximo, quienes resulten electos en los comicios corran la misma suerte del señor Maduro, es decir que su elección no sea internacionalmente reconocida, lo que obliga a pensar en las respectivas alternativas.
En tales circunstancias, o la comunidad internacional mantiene el reconocimiento de la asamblea presidida por Guaidó aun después del 5 de enero del 2021 o desconoce a ambas con lo cual – por vía excepcional – el vacío no se habría cubierto.
El reconocimiento es una decisión de terceros, no una invocación personal. Los venezolanos no debemos esperar hasta enero próximo para conocer cuál es la posición de los aliados internacionales respecto de la situación que planteo. Es menester tenerlas claras con la mayor antelación por voz de quienes están en capacidad de otorgarlo. Así sabremos a qué atenernos.
Como siempre afirmo, corresponde a la dirigencia adoptar las decisiones respectivas.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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