Esta semana, con ocasión de una entrevista para una radio universitaria, quien me la hacía, una inteligente joven estudiante del penúltimo semestre de su prestigiosa universidad, me planteó el problema de la justicia en Colombia. En su pregunta, había una referencia crítica a la situación del país en esa área por la circunstancia de que, en problemas de carácter penal, se han visto vinculados algunas personas que fueron magistrados de altas cortes y también jueces de otras instancias.

Referí en mi respuesta que soy muy cuidadoso al emitir opinión sobre instituciones colombianas dada mi condición de refugiado. Pero observé que yo tenía otra visión.

En efecto, para febrero de este año, según se señala en un artículo del diario El Tiempo, publicado en el mes de marzo, 5.488 personas integraban la plantilla de jueces y magistrados colombianos. Son ellos quienes representan en sus distintos despachos al poder judicial del país y lo hacen honrosamente. Seguramente habrá dentro de ese grupo alguno que podrá ser sujeto de acción en contra por haber faltado a sus deberes, mas las circunstancias de que eso pueda ser juzgado evidencia que el sistema funciona y que los controles internos y hasta los ciudadanos son efectivos y, como consecuencia de los mismos, se producen resultados.

Ese sistema de controles es el que desde hace buen tiempo, en nuestro país no existe, porque desde el alto poder se partidizó absolutamente todo. Así, quien en buena relación con el mismo esté puede tener la certeza de que cualquier conducta contraria a la norma será pasada por alto, mientras “siga la línea”; en lo que de ésta se aparte, su cabeza rodará y todas las actividades que realizó – que quienes gobiernan las conocen y las llevan en inventario – serán sacadas a la luz pública.

La circunstancia de que algunas personas vinculadas al ámbito judicial – aquí o allá – incurran en hechos que pudieren ser susceptibles de responsabilidad jurídica no indica que las personas que integran el mismo – todas ellas – deban ser sancionadas. Las responsabilidades, en cualquier organización, son personales, no de grupo.

Seguramente, el sistema de justicia colombiano es perfectible, como sin ninguna duda lo es el venezolano. Para hacerlo se requiere voluntad política, inexistente en nuestro país, mientras se mantenga la actual situación de control interno del mismo por parte del señor Maduro y sus acompañantes.

Así, respecto del sistema judicial, los colombianos adoptarán en su tierra las decisiones que crean conducentes para mejorarlo. A los venezolanos, a los efectos de recuperar su credibilidad, nos corresponde, al retornar la democracia, hacer efectiva la carrera judicial que la Constitución establece, dándole así estabilidad al juez y seguridad jurídica al ciudadano.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural

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