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Eso han producido en nuestro país las reiteradas declaraciones y mensajes de las últimas semanas que ha emitido la señora Alcaldesa de Bogotá, relativa a la vinculación entre la migración venezolana y la delincuencia en la ciudad, las cuales han sido respaldadas por el señor Secretario de Seguridad, cuando menos en dos entrevistas, una televisiva y otra de periódico dominical.
Actores políticos, periodistas y académicos contra las mismas han reaccionado, dado que, en empeño digno de mejor causa, se insiste en dicha analogía, a pesar de que los porcentajes a los que hacen referencia ajustan la conducta de la migración venezolana a los estándares mundiales.
Recuerda uno, lamentablemente, alguna declaración de junio del 2015 de Mr. Trump en su época de candidato a la elección americana previa a la de la semana pasada, según la cual los inmigrantes mexicanos “traen drogas, crimen, son violadores y supongo que algunos son buenas personas”. No me sorprendería que, por su accionar migratorio, alguna factura le fuere cobrada por los paisanos de estos, no solo en California sino sobre todo en Arizona en la elección del anterior martes 3 de noviembre.
Las innecesarias palabras de la señora Alcaldesa mucho parecido tienen con las que previamente se citan. Lo cierto es que, partiendo de esa premisa discriminatoria, alguno pudiere solicitar de la señora Alcaldesa nos informe, como ampliación del conocimiento respecto de quienes delinquen, la vinculación religiosa de los que lo hacen o su color de piel o su preferencia sexual. Quizás si esa impropia “información” oficial se les diere a los ciudadanos las cifras fueren más espeluznantes.
Algunos en Caracas afirman que las prácticas que la señora Alcaldesa está desplegando tienen connotación electoral futura. No me corresponde hacer esa evaluación, mas lo cierto es que, en algunos países, eso ha producido réditos en votos a quien lo despliega y mayores penurias para los que son las víctimas de dichas expresiones.
Tal como me lo recordó una distinguida dama colombiana en días pasados, como reacción a la primera columna que respecto de este tema publiqué, fueron los colombianos quienes eligieron alcaldesa a la señora Claudia López. Lo que sí es incorrecto es afirmar, como lo hizo mi contertulia en esa oportunidad, que los extranjeros nada tenemos que opinar al respecto.
Como venezolano y habitante del país que nos acogió, algo tenemos que decir cuando, desde una posición de servicio público, contra nuestros connacionales se desata una campaña que pudiere tener tintes xenófobos, por cierto sancionados por el artículo 134b de la Ley 599 de 2000 que contiene el Código Penal colombiano.
Quienes delinquen no tienen nacionalidad, sexo, posición religiosa o preferencia sexual. Son personas a las que se les atribuye la comisión de un hecho delictivo, que por esa circunstancia deben ser capturados, judicializados, condenados de resultar culpables y, si son extranjeros, deportados luego de cumplir la condena. Ese es el deber ser, no otro.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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