En eso nos ha metido a los venezolanos el coronavirus y conste que no me refiero al tema salud sino a la recuperación económica del país.

El bendito virus ha generado que la comunidad internacional y los organismos a los cuales ella se encuentran incorporados estén dedicando la mayor cantidad posible de los recursos disponibles a afrontar los efectos que éste habrá de producir. Al ser entonces un problema global, la cuantía disponible debe distribuirse entre todos.

La situación que enuncio traerá como consecuencia que aquellos con los cuales contábamos para reiniciar la reconstrucción nacional se limiten, lo que nos obliga desde ya a prever los efectos respectivos de tal situación.

He escrito que quienes del país sacaron recursos indebidamente y por el mundo están disfrutándolos o -por qué no decirlo- ocultándolos, tratando de pasar agachados, deben responder por ello. Eso significa que hay que diseñar una estrategia jurídica y política que permita que esa recuperación se produzca en el menor lapso de tiempo posible.

La situación que impacta a las economías mundiales en la actual circunstancia obligará a los venezolanos a adoptar decisiones que, seguramente, no podrán esperar el tiempo que conlleva un proceso jurídico con las debidas garantías. Por ello, juristas y políticos debemos diseñar con la debida información y discusión pública unos mecanismos que permitan acceder al dinero birlado al país aún a riesgo de tener que celebrar alguna transacción que, en circunstancias ordinarias, sería intolerable. Mas sucede y acontece que estas últimas ahora no lo son. Por el contrario, son absolutamente extraordinarias.

Es menester, entonces, crear urgentemente un Tribunal de Cuentas a través del cual cuantificar lo que Venezuela pagó y en ella no se invirtió. Establecer un procedimiento expedito que permita acceder a los recursos referidos y que autorice a las autoridades a celebrar las transacciones que fueren conducentes, aún cuando las mismas no impliquen recuperar todo el dinero correspondiente ni hacer efectivas las penas de cárcel a que hubiere lugar, las cuales pudiere convenirse en suspenderse, que no eliminarse.

Consciente estoy que lo que propongo a muchos disgustará. Lamentablemente, la ausencia de recursos que se nos avecina en una época de reconstrucción del país, nos obligará a adoptar decisiones que, en condiciones normales, serían inaceptables aún para mí.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente de AsoVenezuela, @barraplural

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