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Guión conocido. Es el que ahora estamos viendo que ocurre en España con sus instituciones, mas lo sorprendente es que el mismo se desarrolle desde el gobierno.
A quienes seguimos las incidencias ibéricas, lo que ocurre nos recuerda grandemente lo que pasó en Venezuela.
El Pacto de Puntofijo fue el acuerdo que, al retornar la democracia al país, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera, en representación los dos primeros de partidos de centro izquierda y el último de los socialcristianos, acordaron ejecutar.
Independientemente de la denominación práctica que al mismo sus actores le dieron en la medida que evolucionaba – Ancha Base y Pacto Institucional -, él se ejecutó.
La democracia civil en Venezuela tuvo una vigencia de cuarenta años. La misma finalizó en febrero del 99.
Durante los últimos veinte de ese período, algunos medios de comunicación primero, el señor Chávez en campaña a posteriori y luego desde la presidencia, demeritaron aquel acuerdo inicial, pretendiendo sembrar en la conciencia nacional su inconveniencia, solo con un objetivo político. En buena medida, lo lograron.
En España, finalizada la etapa franquista, la transición permitió construir los Pactos de La Moncloa, suscritos por el Partido Socialista Obrero de España (PSOE), el Partido Comunista, el Partido Popular y representantes del país vasco y Cataluña, cuyo contenido se refleja en la Constitución de 1978 que los españoles aprobaron, a través de la cual, entre otras cosas, se garantizaba la integridad del Estado español, con respeto a las distintas autonomías.
Durante el periodo de la democracia española, sus dirigentes derrotaron al extremismo radical que luchaba contra la referida integridad nacional con más armas que ideas. Lo sorprendente es que ahora, vencidos pero reivindicando su conducta previa, se han encontrado con un aliado impensado, el señor Sánchez.
Éste ha construido el gobierno del PSOE alrededor de lo que llaman la izquierda española -Unidas Podemos, por una parte, y los partidos independentistas. Ahora, con el tema de los presupuestos ha sumado a su causa a los representantes de la violencia política, con el disgusto de quienes fueren antaño representantes de su partido y de otros de los firmantes de aquellos acuerdos.
Cierto es que la posición actual del señor Sánchez pudiere derivar de la miopía política de los adversarios democráticos que tiene, quienes – quizás tarde – están comprendiendo el cariz opositor de aquellos que se han sumado a la causa de aquel, cuyo objetivo político – como ocurrió en el caso venezolano – es el de acabar con las instituciones que la democracia construyó para, sobre sus cenizas, crear otra cosa.
Creo que si alguna cosa deben cuidar los demócratas, independientemente de las filiaciones políticas que se tengan, son las instituciones que permiten el ejercicio de sus aspiraciones. Facilitar coyunturalmente su caída arrastra al país a senderos peligrosos. Sobre eso, la experiencia venezolana es emblemática y Colombia, a cuenta de la migración, su víctima más directa.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural