About The Author
María Lourdes Afiuni es una juez penal venezolana cuya condena a cinco años acaba de ser ratificada en Caracas por quienes ejercen como magistrados del más alto tribunal.
Sucede y acontece que, en diciembre del año 2009, ella decidió, con arreglo a sus competencias, liberar cautelarmente de las prisiones venezolanas a un banquero respecto del cual el señor Chávez tenía personal interés.
Inmediatamente de adoptada la medida, los servicios policiales del Estado la detuvieron, inclusive dentro del recinto judicial. En paralelo, en demostración de su particular apego al Estado de derecho y separación de poderes, Hugo Chávez solicitó para ella, a través de los medios de difusión nacionales, pena de prisión de 30 años. El calvario había comenzado.
Detención intramuros y vulneración de su dignidad como mujer fueron algunas de las circunstancias que debió vivir hasta que le otorgaron el beneficio de detención domiciliaria, pero, eso sí, con imposibilidad de comunicarse en modo alguno a través de los medios de comunicación.
El delito que se le imputó fue el de corrupción propia, mas la particularidad consistió en que la fundamentación fáctica fue que ella pensó lucrarse, ergo, la condenaron por “corrupción espiritual”, tal como recogen algunos medios venezolanos. Seguro estoy que es el primer caso en nuestro país en el cual se condena un pensamiento no verbalizado en forma alguna.
Algunos intelectuales definen la gestión que, en Venezuela, se ha realizado en lo que va de siglo como progresista. Según quienes sostienen esa posición, la misma se caracteriza, entre otros elementos, por la protección de los derechos humanos y la priorización de la equidad.
Formo parte de quienes rehúyen esa maniquea caracterización y menos respecto de unas gestiones que, en modo alguno, han respetado esas dos condiciones.
Así, bastaría recordarle al lector los informes que ha presentado, por una parte la comisión designada a instancias del señor Secretario de la ONU y, por la otra, los del despacho de la señora Bachelet respecto del tratamiento de los derechos humanos en el país, en los cuales se incluye, por cierto, el caso de la citada juez; por la otra, si de equidad hablamos, la conducta desplegada por quienes han administrado el patrimonio venezolano en estos veintiún años evidencia que la misma ha sido contraria absolutamente a buscar ese objetivo.
La sentencia dictada obliga a quienes respecto de Venezuela opinan a tener presente lo peligroso que allí es, de alguna manera, enfrentar a quienes el poder ocupan, pues hasta leen los pensamientos. Quienes a juicio de aquellos les enfrentan deben atenerse a las consecuencias. Los presos, los muertos y los refugiados por motivos políticos son prueba de ello. Las familias de todos también.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
Autor
