Voz venezolana: las revocatorias

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No me extrañaría que esa figura que, en la actualidad, ha abierto la discusión política en Colombia la hubiésemos copiado los venezolanos de asesores de este país que en la Constituyente de 1999 participaron de alguna manera. Lo cierto es que la misma se las trae.

Nosotros, con exageración caribeña, la elevamos inclusive al Presidente de la República. Así, en Venezuela, todo funcionario de elección popular está sujeto al mecanismo siempre que se cumplan los extremos correspondientes, entre otros que hubiere transcurrido más de la mitad del período, que lo apruebe más de los electores que votaron en su oportunidad por el revocable y que la votación favorable a la revocatoria sea superior a la de quienes se oponen a la misma. En todo caso, el mecanismo es políticamente optativo. Lo cierto es que nuestra experiencia no es buena en esa materia.

En el primero que se trató de hacer contra el señor Chávez, el organismo electoral retardó injustificadamente por cerca de un año su realización a los fines de favorecer la opción del NO que resultó victoriosa. A posteriori, en el 2016, cuando el señor Maduro, el mismo órgano, en silente comandita con Miraflores y tribunales incompetentes por la materia, lo trabaron hasta impedirlo.

Colombia discute en este momento la solicitud de revocatoria contra los alcaldes de Bogotá y Medellín. En los medios, partidarios y adversarios discrepan respecto de la conveniencia o no de su realización.

En los términos de la legislación colombiana, para que dicho mecanismo de participación pueda activarse, se requiere que hubiere transcurrido el primer año del período del funcionario a revocar – alcaldes o gobernadores – y que se argumente como causal que fue infiel a su programa o lo relativo a sus índices de desaprobación.

Sobre Colombia, a sus ciudadanos corresponde opinar al respecto. Respecto de Venezuela afirmaré que, en los términos actuales de la integración de los órganos electorales y del poder judicial que resolvería las controversias, es una trampa cazabobos y de estas, en lo personal, harto estoy.

Dicho lo anterior, soy de quienes cree que la gestión de cualquier naturaleza debe estar siempre sujeta a evaluación. En los sistemas parlamentarios, ello ocurre diariamente y de allí los votos de censura o las mociones de confianza. Para los sistemas como los nuestros en los cuales adoptamos normas que a veces no se compadecen con nuestras realidades, una vez ocurrido y con vista a la experiencia, nos corresponde innovar.

Desconozco cómo se terminará desarrollando la discusión en Colombia. Por lo que se refiere a Venezuela afirmaré que la institución debe reevaluarse, pensando quizás en consultar obligatoriamente y con carácter vinculante al ciudadano pasado la mitad del período del respectivo funcionario, quien así validaría su gestión ante los electores, con las consecuencias que ello conlleve. En el caso venezolano donde está instaurada la reelección indefinida y el período presidencial tiene una duración de seis años, ésa sería una salida a considerar. Allí la dejo.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural

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