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Por distintas vías, escucho que, a partir del próximo mes de enero, distintas autoridades locales de Colombia prohibirán que los migrantes venezolanos se dediquen a la venta informal. Amigos de cuya seriedad no dudo me lo han confirmado.
Colombia está en todo su derecho de establecer la normativa que considere conveniente a los efectos de regular la situación de quienes en el país en condición de extranjeros se encuentren. Es ello pleno ejercicio de soberanía y, sin duda, no puede discutirse.
Sin embargo, es lo cierto que una prohibición de tal naturaleza no resolverá el problema. El venezolano, en esta tierra que nos ha acogido, se dedica a esa actividad, sobre todo, por la circunstancia que se encuentra, en su gran mayoría, en condición de irregularidad migratoria en Colombia. Ésa es una realidad indiscutible.
Según las cifras de Migración Colombia, a esta fecha, el 55% del millón setecientos mil venezolanos que en el país se encuentran en condición de irregularidad está y el PEPFF – Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización – no es el mecanismo idóneo para su regularización, dado el desconocimiento que, respecto del mismo y su forma de implementación, tiene la mayoría del país.
Al ser ello así, lo conducente, tal como siempre lo hemos propuesto, es proceder a un registro amplio que permita identificar, no solo personas, sino también competencias y habilidades de éstas, facilitando con ello que el migrante, que aquí vino prioritariamente a trabajar, tenga la posibilidad de incorporarse en igualdad de condiciones al mercado laboral o productivo, sin más limitación que las últimas. Mientras ello no ocurra, la criminalización de la conducta tendente a proveer de manera digna el diario sustento familiar no resolverá el problema.
Determinación de quién llega, sus competencias y habilidades, así como el reconocimiento de los estudios realizados, son medidas que, en los países de acogida, deberían implementarse para facilitar nuestra incorporación, pero, sobre todo, para coadyuvar con ello al impulso de la economía del país que nos recibe. Un migrante inactivo – por decisión política interna – es un lastre y ninguno de nosotros quiere serlo.
Quienes a Colombia hemos llegado en estos últimos cinco años – como a otras partes del mundo arribamos – lo hicimos escapando de persecuciones políticas y de medidas económicas que han hecho imposible vivir en nuestro país. Así, por primera vez en nuestra historia, no salimos para liberar naciones o como turistas.
En una etapa de la vida venezolana en la cual – nadie lo dude – las circunstancias internas se agravarán, establecer limitaciones como las que describo en los países de acogida no resolverán el problema y quizás, por el contrario, lo agravaran.
Quiera Dios que las autoridades colombianas, advertidas a tiempo de lo que se menciona -si ello resulta cierto – adopten las medidas conducentes a los fines de evitar el desarrollo de una política que en modo alguno contribuirá al desarrollo del país. Es una respetuosa observación.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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