Este viernes 14 de febrero el diario El Tiempo publicó dos columnas sumamente interesantes: una, de Plinio Apuleyo Mendoza que tituló “¿La Justicia al Servicio de la Política?” y la otra, de Eduardo Posada Carbó, denominada “Fin de las Cortesías”.

A partir de un tema que ocurrió en Colombia, Mendoza escribe sobre la politización de la justicia y los efectos que ella produce, haciendo referencia a un caso puntual de un senador que, hacia 1990-91, cuando Colombia estaba en pleno proceso constituyente, afirmó que el mismo era absolutamente inconstitucional pues vulneraba los términos de la Constitución vigente para la época y solo se fundaba en el impulso popular. Según se sostiene, en el artículo la referida posición le generó al senador su muerte política por el uso abusivo de los estrados judiciales contra él, partiendo de informaciones infundadas.

A su vez, Posada Carbó escribe sobre la actual polarización norteamericana, evidenciada en dos gestos que ocurrieron el día de la presentación de Mensaje de la Unión el pasado primer martes de febrero: por una parte, el del señor Presidente Trump de negarse a estrechar la mano de la Presidente de la Cámara de Representantes, la señora Pelosi, y, por la otra, la réplica de esta, al destruir el discurso presidencial una vez concluida la intervención presidencial. Cita el articulista que la situación ha llevado al extremo de que una revista – The Atlantic – que se publica desde 1857, habla inclusive de riesgo de guerra civil.

Ambas lecturas – una al lado de la otra – resultaron, para este venezolano, emblemáticas. Lo que a los dos escribidores les preocupa lo tenemos nosotros los venezolanos diariamente en nuestros 912.050 km2 de superficie.

La máxima instancia judicial venezolana es el brazo jurídico de un partido político. Los tribunales son utilizados para perseguir y oprimir al adversario. Los presos políticos que en las cárceles venezolanas se encuentran y los exilados que por el mundo estamos lo evidencian. Lamentablemente, dicha conducta ha permeado de tal manera que, con tristeza, uno observa que algunos factores e individualidades aspiran que quienes fuimos designados en julio del 17 para integrar el Tribunal Supremo venezolano – y por eso estamos siendo perseguidos – realicemos idéntica práctica, pero en sentido contrario, a lo cual rotundamente me opongo. Como he afirmado otras veces, eso no es justicia; es venganza. Sería igualar hacia abajo.

Por lo que se refiere a nuestro proceso constituyente, tal como he escrito en alguna oportunidad, el mismo fue producto de una artera violación a la constitución de 1961 ejecutada desde la más alta instancia judicial, aceptada pasivamente por nosotros. Así que, si damos por cierta la afirmación de Mendoza respecto de Colombia, hasta en eso nos parecemos.

Finalmente, respecto de los riesgos políticos en Venezuela – gracias a las prácticas del señor Chávez seguidas a pies juntillas por quienes le sustituyeron – , los mismos son del más alto nivel, por nuestra extrema polarización.

Entre los factores políticos que se adversan en Venezuela solo hay denuestos y ofensas por lo que, cuando de alguna manera se logra algún punto de coincidencia – por mínimo que sea – , no faltan quienes tildan de “colaboracionista” a quien adopta esa conducta. Así, la forma y manera como unos se refieren a los otros y viceversa, la inexistencia de puentes formales que permitan una conversación respetuosa, la negativa del señor Maduro a facilitar salidas democráticas a la crisis y, sobre todo, la nefasta figura de la reelección indefinida, complican supremamente nuestra situación.

En alguno momento, a Venezuela deberá retornar la sindéresis política y judicial. Ello nos beneficiará a todos.

*Gonzalo Oliveros Navarro, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, presidente de AsoVenezuela, @barraplural

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