Mientras quien esto escribe, por deformación profesional, permanece atento en Colombia a las incidencias que rodean la causa del expresidente Alvaro Uribe Vélez, como seguramente alguna parte del país lo está por disímiles razones, una decisión política venezolana centra también nuestra personal atención.

Esta semana, el Presidente Guaidó abrió las líneas tendentes a construir la ruta que complemente la política de abstención que los principales partidos políticos del país han decidido adoptar respecto de los comicios legislativos convocados para diciembre próximo.

Si algo tenemos en común los venezolanos, ello es tratar de resolver con votos nuestro conflicto político; sin embargo, el trabajo de zapa realizado por el ente comicial desde tiempo atrás, deslegitimando ese mecanismo, origina que exista una multiplicidad de opiniones respecto de la vía mas adecuada que solvente nuestra situación. Es ese abanico de posibilidades lo que genera la necesidad de consensuar la estrategia que evite la dispersión de esfuerzos.

En algún escrito previo, tratamos el tema de la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional. Sostuvimos que para que ella tuviere valor debía ser reconocida por terceros y, ahora agrego, inclusive de quienes les elegimos. Solo con reconocimiento de otros será posible hacer efectiva la misma.

Así, el que se escuche nuestra opinión nos permitiría no sólo validar el accionar de la asamblea sino también el de su presidente, quien con la ratificación respectiva, vería así convalidado su liderazgo, a pesar de los naturales errores, y quedaría liberado de todo tipo de tutelaje personal o político, si existiere.

Adicionalmente, la ratificación que los venezolanos demos a la gestión de la asamblea y su continuidad hasta el cese de la usurpación, que ya no sería solo presidencial, otorgaría a los actores internacionales que respaldan el accionar de los demócratas venezolanos, argumentos más que sólidos para reiterar su posición.

La Constitución, que los demócratas entendemos como límite de nuestro accionar, tiene mecanismos para escuchar la opinión ciudadana. Hagamos uso de ella para que el ciudadano participe. Un referendo consultivo organizado desde la Asamblea Nacional sería una via idónea para lograr el objetivo propuesto. Éste bien pudiera realizarse el domingo anterior a las elecciones convocadas y serviría para que observadores y venezolanos verificaren el respaldo a una y otra posición.

La consulta al ciudadano genera movilización y, por supuesto, reacciones. Ella – así enfáticamente lo afirmo – no debe ser herramienta para que el liderazgo pase facturas presentes sino para construir una salida a nuestra situación.

Obliguemos al señor Maduro a que impída la consulta. Ese gesto o, en su defecto, una masiva participación que ratifique el accionar de la asamblea validará los resultados y generará reacciones – que nadie lo dude – .

Aquí, en la distancia, no dudo que lo que se resuelva en ambos países respecto de los temas mencionados, marcará la agenda por los próximos tiempos.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural

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