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Persecución implacable. Eso, que pareciere el título de una película, es lo que ocurre en Venezuela con las organizaciones que defienden los derechos humanos. Basta que de alguna manera incomoden al señor Maduro y quienes le acompañan en su actuar para que se produzca la respectiva reacción, la cual, como siempre ocurre, tiene implicaciones de carácter penal.
Le corresponde al Estado proteger los derechos humanos, de forma y manera que es éste el centro de atención de la actuación de las organizaciones de derechos humanos. Ellas, no solo acompañan a los ciudadanos en sus falencias, sino que le hacen a aquel los requerimientos respectivos a los efectos de que cumplan su obligación. Eso, lamentablemente, genera reacciones.
Esta semana, miembros de prestigiosas organizaciones de esa naturaleza, dedicadas alguna de ellas a la atención de enfermos, han sido criminalizados. Bastó que en el célebre programa del señor Cabello se hiciere referencia a las mismas para que el aparato judicial que actúa en el país reaccionare, emitiéndose en consecuencia medidas restrictivas de la libertad para alguno de sus integrantes.
Los derechos humanos no tienen connotación política. Quienes a la protección de los mismos se dedican no le preguntan al beneficiario de su actuación si son de izquierda o de derecha, opositores o afectos al gobierno. Son, en todo caso, personas necesitadas de algún tipo de protección que el Estado les está negando y, a pesar de que lo lógico es que no hubiese violación alguna de derechos, lo conducente sería que el Estado escuchare los reclamos o los llamados de atención y procediere en consecuencia para solventar la situación.
Cometen craso error los dirigentes que estiman que quienes a la defensa de los derechos humanos se dedican lo hacen actuando políticamente. Seguramente algunos habrá que de esa manera lo hacen – quizás recordando la propia experiencia de compañeros de ruta de quienes ocupan el poder en Venezuela, que a eso se dedicaron antaño y hoy dan muestras de olvido de lo que predicaron -, mas lo cierto es que esos son una absoluta minoría que, con su actuar, ciertamente perjudican el de los demás.
Para parafrasear a la Corte Constitucional colombiana respecto de nuestra migración en este país, podemos afirmar que quienes en Venezuela están afectados en sus derechos humanos son personas en extrema condición de vulnerabilidad y, por eso, si el Estado no los protege, corresponde a quienes se han dedicado a defender los mismos hacer los respectivos reclamos, por una parte y, por la otra, proceder a ayudar a quien lo necesita, en la medida de sus posibilidades.
La judicialización de defensores de derechos humanos no esconderá las falencias que al respecto existen en Venezuela, certificados por los distintos informes de la señora Bachelet, quien respecto de nuestro país tiene trabajo, lamentablemente, mucho trabajo.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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