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En los tiempos que corren, los venezolanos nos hemos familiarizado con esas siglas al punto que algunos, con vista a las mismas, exigen determinada conducta del Presidente Guaidó.
Ellas se corresponden con el informe denominado “Responsabilidad de Proteger” presentado por una comisión de doce personalidades que integraron la “Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados” propuesta por el Primer Ministro de Canadá en la Asamblea del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada el año 2000 e integrada a instancias del Secretario General de dicho organismo.
Según el informe en cuestión, la intervención internacional tiene tres etapas: prevenir, reaccionar e intervenir.
La dos primeras son esencialmente de índole diplomática en tanto que es solo la última la que permite actuaciones de otra naturaleza previo visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, salvo que la Asamblea General aplique la Resolución Unión Pro Paz de la Asamblea General 377 de 1950. según la cual este órgano puede – aún sobrepasando al referido Consejo – acordar actuaciones de interés general.
Los motivos que permiten activar la protección en todas sus fases se encuentran contemplados en los numerales 4.18 y 4.19 del referido informe y se refieren a grandes pérdidas de vidas humanas con o sin intención genocida y la depuración étnica en gran escala.
La decisión de proteger la adopta la comunidad internacional representada en las Naciones Unidas bien a través de la Asamblea General – donde el gobierno Guaidó es minoría – , bien a través del Consejo de Seguridad de dicho organismo, donde aliados del señor Maduro como Rusia o China tienen poder de veto.
Cada uno de quienes me leen decidirá si la normativa referida es aplicable a la situación de nuestro país, por más grave que ella nos parezca y en efecto sea. Lo cierto es que ningún grupo de países integrantes del referido foro mundial ha dicho nada al respecto.
Como dato final y no menos importante, debe saberse que uno de los firmantes del referido informe – el único latinoamericano por cierto – es el doctor Eduardo Stein, designado por el Secretario Guterres para atender el tema migratorio venezolano y aquel, respecto de la referida solicitud de protección que algunos le exigen al Presidente Guaidó, nada ha dicho. Sus razones tendrá.
En la actual circunstancia hacer política en Venezuela implica un ejercicio de responsabilidad permanente. Eso creo que todos debemos exigir.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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