Quizás sin analizar seguimos los venezolanos insistiendo en que cualquier actuación que se realice que tenga que ver con alguna decisión que adopten quienes ocupan los lugares de los poderes públicos en Caracas implica un reconocimiento de los mismos.

La práctica se inició con la Constituyente del 17.

La circunstancia de que algunos gobernadores y alcaldes decidieren ocurrir ante ella para juramentarse, como la misma lo exigió a cambio de permitirles ocupar el cargo para el cual fueron electos, para algunos ya demeritó esa gestión. Quienes todavía insisten en su posición olvidan que buena parte de los presos políticos que han podido salir de las mazmorras donde los retuvieron, también debieron pasar por esa horca caudina.

Se reconoce lo que se acepta, no lo que se impone por la fuerza y, dado que es ésta la que impera en Venezuela, el consentimiento está viciado y lo está porque quien lo exige tiene en sus manos las armas y la institucionalidad para hacerlo efectivo y quien no lo acate se atendrá a las consecuencias, que a veces pasan por destierro, cárcel o muerte.

Si el reconocimiento fuera cierto, el mismo lo hacen efectivo diariamente todos los que en Venezuela viven. Obsérvese, a modo de ejemplo, que es el señor Maduro el que establece precios de gasolina y se le pagan. Es quien fija salarios y pensiones que se acatan y reciben. Es aquel que ordena cuarentenas y restricciones que se cumplen. Sería prudente que nos preguntáramos todos sí esa conducta que diariamente se despliega implica reconocimiento de su condición presidencial.

Lo que ocurre con el señor Maduro pasa con otros estamentos del país. Tribunales, Constituyente, Contraloría y Fiscalía adoptan decisiones que afectan a los particulares que, en Venezuela, habitan y, aun a regañadientes, quienes allá lo hacen – y aun por fuera de las fronteras – están obligados a aceptar o se atienen a las consecuencias. Así de fácil.

Obsérvese que he dejado aparte al Consejo Nacional Electoral. Es este el único organismo ante el cual es, de alguna manera posible, rebelarse y lo es porque en el fondo la decisión de participar o no en una contienda electoral es personalísima.

Es una falacia conceptual afirmar que, cuando en nuestro país se emite una decisión, se está reconociendo a quien lo hace. En la actual situación, el consentimiento está impuesto desde el poder – por las armas y la institucionalidad – y, por ende, está viciado.

Los venezolanos que dentro o fuera del país acatan las decisiones adoptadas por quienes en nuestra tierra ejercen en la predicha circunstancia-el poder, no lo hacen por propia voluntad. Lo hacen como consecuencia de la situación interna del país. No hablemos entonces de reconocimiento. Éste no existe. Sí la imposición.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here