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Hoy 20 de junio es el dia de ellos, perdón, de nosotros, pues formo parte del grupo.
Es el día de las personas que salimos de nuestro país y que no podremos retornar a él hasta que las circunstancias que originaron nuestra partida cambien.
Es el de aquellos que, con certeza, nos levantamos pensando que ése será el día y nos acostamos pensando que será el siguiente. Un día detrás de otro hasta que se produzca lo que nos impide retornar.
Según las cifras de los organismos internacionales, tal como en un tuit un alto funcionario colombiano reconoció, es Colombia el lugar de acogida de la segunda mayor cantidad de gente como nosotros – migrantes y refugiados – en el mundo. A Dios doy gracias de que estemos al lado de nuestro país. La distancia de retorno será menor.
La pandemia que nos ocupa ha evitado que la cifra de refugiados, desplazados e inclusive migrantes aumente. No soy, sin embargo, optimista.
El señor Maduro y quienes le acompañan en su actuar están haciendo todo lo posible para que la diáspora no cese, no solo con su gerencia de los asuntos públicos, sino con el accionar de su brazo jurídico, la espera cuasi silente de su Constituyente y la complacencia de los hombres de armas.
Desde afuera, uno observa que la situación política del país es realmente complicada.
Mientras, por un lado, se avanza hacia un evento electoral, los dirigentes de los partidos que recién han sido o serán defenestrados de sus posiciones administrativas por los juristas del horror que allá actúan, plantean la continuidad constitucional del presidente Guaidó y los asambleístas que hoy ejercen pasado el 5 de enero del 2021. La comunidad internacional rechaza lo primero y omite expresión alguna sobre lo segundo, generando en un observador desaprensivo preocupación.
En tanto que todo eso ocurre en Caracas, la ingente cantidad de solicitudes de refugio que se encuentran en trámite ante la Cancillería de Colombia dificulta supremamente que éstos se otorguen con la rapidez que uno cree necesario, sobre todo porque mientras no se le otorgue la condición de tal al solicitante solo podrá trabajar si accede a una visa que lo permita o a uno cualquiera de los permisos de permanencia que el gobierno ha emitido, instrumentos estos incapaces de satisfacer la demanda derivada de la situación.
Quizás una manera de afrontar la problemática sería que el gobierno de Colombia ejecutare, a través de cada alcaldía local, un registro administrativo de migrantes venezolanos como el que originó el PEPRAMV del gobierno Santos. Así, no solo los refugiados, sino también los desplazados y en general cualquier migrante, podrían integrarse de mejor manera al entorno económico y social del país, a la vez que Colombia sabría quiénes estamos aquí, qué sabemos hacer y cómo podemos colaborar para su progreso.
Los venezolanos no olvidaremos por mucho tiempo lo que nos ha ocurrido en estos últimos años. Sepan quienes ejercen el poder en Caracas que, en su ejercicio, fracasaron. Nuestra diáspora es el recordatorio mundial de su gestión.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural