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Se arrienda, se vende. Son mensajes que aparecen estampados en muchos locales comerciales y oficinas bogotanas que, en febrero del año pasado, estaban ocupados. El COVID les pasó factura.
Dicho así pareciere que la decisión de cierre fue irreversible mas lo cierto es que quizás, si nos hubiéremos puesto en los zapatos de quienes debían pagar arriendo sin posibilidad de producir los recursos para ello, hubiéremos podido colaborarles a paliar la situación que, a la larga, afectó a todos, incluyendo quienes perdieron su trabajo como consecuencia del cierre definitivo.
Colombia decidió mantener la vigencia de los contratos de arrendamiento de locales y oficina incólumes, salvo en algún momento en el cual adoptó la medida de permitir la finalización de los mismos previo pago de indemnización al arrendador. Lo ocurrido permite hacer alguna observación, la cual, como ocurre con los juegos después que terminan, solo es un análisis a posteriori.
Cuando se empezó a adoptar en Colombia la decisión de establecer la cuarentena, en alguna columna de esa época sugerimos establecer medidas que permitieran, por una parte, darle viabilidad a los contratos, manteniendo los mismos, permitiéndole al arrendador recibir una parte del arriendo más la cuota de administración y al arrendatario continuar ocupando el inmueble. Así ambas partes, como consecuencia de la pandemia ciertamente se verían afectadas, pero pudiere afirmarse que se repartían las cargas si se quiere equitativamente. Lamentablemente no ocurrió.
Una causa sobrevenida como lo fue evidentemente la pandemia no fue interpretada como motivo para modificar de alguna manera, en beneficio de ambos contratantes, el acuerdo suscrito, lo que trajo a la larga como consecuencia la entrega de los inmuebles.
Ciertamente los arrendadores continuaron percibiendo su ingreso hasta que se permitió finalizar los contratos previa indemnización, mas lo cierto es que los inmuebles ahora están vacíos, los arrendadores sin percibir ingresos y pagando administración, sus arrendatarios quizás dedicados a otro negocio o en el paro y los trabajadores de los inmuebles entregados probablemente sin empleo, con lo que ello impacta a la economía del país. Creo que esa es la foto de lo ocurrido.
Irónicamente, la decisión colombiana, como la venezolana al respecto, dejó víctimas.
En el caso de nuestro país, la protección – más faltaba – fue para el arrendatario, cargándole como siempre al arrendador todo el costo de la crisis. En condiciones normales, allá hubiere sido posible aplicar una salida como la que propusimos en estas líneas.
En la medida que se repliquen en Colombia medidas de cuarentena radical, creo que será necesario adoptar decisiones que permitan distribuir el costo de la crisis, para así evitar la entrega de locales y oficinas que hemos observado. En todo caso, situaciones como las que hemos atravesado nos enseñan que las medidas de librito, en ocasiones como esas, quizás no necesariamente aplican. Es el aprendizaje que la crisis nos ha dejado.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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