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La nueva política migratoria aplicable a los venezolanos anunciada por el señor Presidente Duque, implica identificar al beneficiario de las mismas en lo referido a sus habilidades, vale decir, lo que aprendió en Venezuela y puede poner al servicio de Colombia.
De nada vale, sin embargo, que se obtenga la respectiva información y que ello quede hasta allí. Para Colombia, los conocimientos adquiridos en el exterior carecen de valor. Ellos deben ser certificados, bien por convalidación de estudios ante el Ministerio de Educación, bien a través de otros mecanismos.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es el instituto colombiano, equivalente al Instituto Nacional de Capacitación y Educación (INCE) de la democracia venezolana, que forma a los nacionales del país para lo que en Venezuela llamábamos artes y oficios. Una certificación expedida por él, que valide los conocimientos adquiridos en nuestro país, ayudaría grandemente a la integración a la vida productiva nacional de población migrante que tiene habilidades técnicas.
La política pública que habrá de construirse en los próximos meses respecto de nuestra migración es menester que se construya con la mayor participación institucional posible. No es solo Migración Colombia la que debe diseñarla, sino – respetuosamente sugerimos – que en la misma participen distintas instituciones públicas y organizaciones privadas que permitan implementarla eficazmente a los efectos de evitar lo que ocurrió en alguna medida con el Permiso Especial de Permanencia, en el sentido que fue difícilmente aceptado como mecanismo de identificación de venezolanos, inclusive por instituciones estatales.
Si a la certificación que proponemos, le sumamos la construcción de un sistema que permita conocer en tiempo real las necesidades de personal en cualquier parte del país, la política que se diseñe pudiere permitir re-direccionar al migrante protegido por el Estatuto a aquel lugar de Colombia donde sus conocimientos técnicos sean requeridos, ejerciendo para ello las potestades que, respecto de la integración al territorio nacional, la normativa colombiana prevé para los extranjeros.
El venezolano que a Colombia vino a trabajar lo hará en el lugar del país donde su accionar le permite mantenerse él y su familia y con mayor razón así lo hará si es en una actividad para la cual se encuentra preparado. La certificación del SENA mucho ayudaría en esa materia.
A tiempo estamos de construir una política pública inclusiva, beneficiosa para Colombia y los colombianos, así como integradora para los venezolanos y sus familias. Es una respetuosa sugerencia.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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