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Afirma Hans Kelsen en su obra “Teoría General del Estado” que “el principio democrático exige también una duración lo más corta posible del mandato presidencial y la prohibición o limitación de la posibilidad de ser reelegido”.
Los venezolanos hicimos caso omiso de esa máxima y, en febrero del 2009, establecimos la reelección indefinida, que le habíamos negado a Chávez en la reforma del año anterior, pero que él, prevalido de su incidencia en el Tribunal Supremo de Justicia, de su habilidad para ampliarla a todos los cargos de elección y – por qué no decirlo- del afecto que buena parte de los venezolanos le profesaban, logró imponer. Hoy los tiempos son otros.
Independientemente de lo que sostengamos respecto de Nicolás Maduro, es lo cierto que él ocupa el Palacio de Miraflores, que las decisiones que adopta se cumplen a cabalidad en Venezuela y que goza del rechazo masivo de los venezolanos independientemente de la posición política que se tenga.
La situación de Venezuela es menester empezar a resolverla con antelación y la nuestra está muy impactada tanto por lo extenso del período como por la reelección indefinida del presidente. Baste recordar que, en los ya pasados veintiún años del presente siglo, solo dos personas han ocupado la presidencia de la república, solo dos.
Una enmienda constitucional – promovida por el 15% del padrón electoral – conforme a la cual se reduzca a cuatro o cinco años el período presidencial y se prohíba la reelección de quien ha ocupado ese cargo sería bien acogida nacionalmente y, de seguro, salvo alguna marramucia electoral o judicial, sería aprobada. Seguramente el señor Maduro la impugnará, mas independientemente del resultado judicial, la movilización ciudadana al respecto será determinante a los efectos de que, inclusive a lo interno de su partido se produzcan reacciones, por no decir, fisuras.
Obsérvese que, respecto de la no reelección, solo la limito a la Presidencia de la República. A ningún otro cargo. Es la continuidad presidencial una de las mayores causantes de nuestra situación.
Ruego que no se me afirme que quien organizará la solicitud es el Consejo Nacional Electoral que actualmente existe. Consciente estoy de ello, al igual que lo estoy que serán sus tribunales los que decidirán la pretensión que Maduro habrá de plantearles, mas sostengo que es un mecanismo pacífico y constitucional de movilización ciudadana, que en el mismo participarán sin distingos de partidos todos los que buscan la manera de resolver nuestra situación y finalmente que ella pudiere generar reacciones insospechadas a lo interno del país.
La propuesta está presentada.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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