About The Author
Concluida la jornada parlamentaria venezolana, con una abstención a ojos vista abrumadora – independientemente de las cifras anunciadas – es lo cierto que ninguna diferencia interna ni externa la misma producirá.
Desde diciembre del 2015, aún sin instalarse los parlamentarios elegidos a principios de ese mes, el chavismo hizo de las suyas, a través de los legisladores salientes, designando ellos al máximo tribunal del país en contravía de la Constitución, cuyos miembros de inmediato procedieron a agradecer suspendiendo la proclamación de los tres diputados indígenas que daban la mayoría requerida para implementar reformas de fondo en el país desde el parlamento a partir de enero del 2016.
Posteriormente, una vez instalado éste, no ha habido una sola decisión emitida por quienes fungen como tales magistrados – y son más de 100 aquellas – que favorezcan de alguna manera el actuar parlamentario.
Luego, en mayo del 17, contrariando las previsiones constitucionales, el señor Maduro anunció una constituyente construida a su imagen y semejanza, con el mismo visto bueno judicial, procediendo aquella a adoptar desde su instalación en agosto de ese año todas las normativas que consideraron conducentes para sustituir el órgano parlamentario regular venezolano – lo que de hecho hicieron – sin discutir por cierto un solo artículo del texto para el cual sostienen habrían sido convocados.
Así las cosas, salvo por el reconocimiento que las instancias internacionales han realizado de la gestión de los parlamentarios electos en aquel diciembre de hace un lustro, es lo cierto que los autócratas han gobernado internamente a su antojo.
Ese actuar del madurismo ha sido desconocido por la mayoría de los países democráticos que integran la comunidad internacional y lo único que podía hacer dudar a ésta respecto de una modificación de su decisión habría sido una presencia masiva de venezolanos en las mesas electorales del pasado domingo. Lo visto a ojos del mundo evidencia que ocurrió todo lo contrario.
Con esta elección recién finalizada, la autocracia, que aspiraba que la situación cambiare y se les facilitare su accionar, se quedó con los crespos hechos. Las cosas siguen igual o peor. Malo para ellos y también para el país por su torpeza.
A su vez, aquellos actores políticos internacionales que pretendían refrendar a través de la Asamblea Nacional los créditos que, durante estos últimos cinco años, el madurismo recibió sin control legislativo, tendrán siempre la duda respecto a la posibilidad de cumplimiento futuro de éstos, fundado en un parlamento elegido en las circunstancias y condiciones que fue el que salió electo el 6 de diciembre pasado. Igual ocurrirá con quienes, utilizando la denominada “ley antibloqueo”, accedan a bienes venezolanos. Avisados están.
Está en curso, de manera virtual, la Consulta Popular que, desde la Asamblea Nacional, se planteó como alternativa a la elección parlamentaria. En la misma pueden participar los mayores de 18 años que acrediten esa condición con su cédula de identidad o su pasaporte. Su fase presencial será el próximo sábado. No hacerlo – de ninguna de las dos maneras – pudiere enviar mensajes contradictorios a quienes desde fuera de nuestras fronteras respaldan el retorno a la democracia.
Lo que ocurrirá esta semana nos deja como inmediata lección que corresponderá a los actores venezolanos darle a la abstención un valor – traducido en normas – que se refleje de manera efectiva y obligante en nuestra vida política y también en la de quienes pretenden representarnos.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
Autor
