About The Author
Un día como hoy, hace dieciocho años, la historia contemporánea venezolana cambió. Los hechos demuestran que no para bien.
Si uno revisa la historiografía oficial, ese jueves del 2002, “los escuálidos” -término despectivo utilizado por el chavismo contra quienes les adversaban- marcharon hacia el Palacio de Miraflores a los efectos de derribar el gobierno del Presidente Hugo Chávez.
Quienes hacia allí se dirigían otra versión tienen.
Los ciudadanos -y nunca el término fue mejor utilizado- que, desde cualquier rincón de la ciudad y, especialmente desde el este, marchaban a Miraflores iban desarmados. Llegaron al centro de la ciudad y allí fueron emboscados. Desde hoteles aledaños a las vías por las cuales circulaban y desde el emblemático Puente Llaguno, a cuadras del Palacio, les dispararon a matar.
Respecto de esa circunstancia distintas versiones hay.
Un conocido periodista -hoy con coronavirus- afirmó haber grabado un video con militares que ese día desconocieron la autoridad presidencial en el cual se mencionaba la existencia de bajas en las filas de los que marchaban antes de que ocurrieran. Otra recoge la presencia en los alrededores de las vías del centro de la ciudad por las que circulaban los marchistas de personas armadas que jamás fueron judicializadas. Nunca nada se aclaró.
Lo cierto es que los ciudadanos que marchaban ejercían el derecho constitucional a manifestar pacíficamente, pero además estaban en su derecho de exigir la renuncia del Presidente, en frente del Palacio que ocupaba. Ninguna norma lo impedía. La sola circunstancia de exigirla no implicaba un golpe de Estado.
Coherentemente con su previo actuar, quienes con armas enfrentaron ese 2002 a los que a Miraflores se dirigían fueron las personas que, en febrero del 92, a las puertas del citado Palacio, con tanques de guerra, metralletas y armas largas de por medio, pretendieron asesinar al Presidente Carlos Andrés Pérez para así hacer efectivo el golpe militar que ejecutaban. No querían solo un golpe, también un magnicidio. Una pequeña diferencia.
Soy de quienes cree que los civiles no tumban gobiernos. Lo pueden mover, pero no lo tumban. Eso solo lo hacen los militares, por la circunstancia de que ellos tienen el monopolio de las armas. Un gobierno cae por impulso de terceros, cuando los militares se niegan a sostenerlo y este es el elemento fundamental.
Afirmar que los civiles que marchaban hacia Palacio iban dispuestos a dar un golpe es cuando menos una falacia, sin que ello implique que desconozca que su objetivo era solicitarle la renuncia a Chávez. De ello no me cabe duda alguna.
Los venezolanos tenemos derecho a conocer, para nuestra tranquilidad y para la historia, la verdad de lo que ocurrió un día como hoy, dieciocho años atrás, cuando solo civiles desarmados murieron a tiros. Con ello acabaremos con mitos y falacias. Cuando al país la democracia retorne, una verdadera, plural e independiente comisión de la verdad, deberá constituirse para lograr ese objetivo.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente de AsoVenezuela, @barraplural
Autor
