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Ha sido convocada para el próximo seis de octubre una sesión de control político en el senado de Colombia tendente a considerar la responsabilidad del señor Ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo con ocasión de los sucesos en los cuales se han visto involucrados efectivos militares y policiales del país, que pudiere concluir con un voto de censura a su gestión y la subsiguiente destitución del cargo.
Es esta la segunda oportunidad en los veintiséis meses que el señor presidente Duque tiene en funciones que uno de sus funcionarios debe pasar por el mismo trance, lo cual es la natural consecuencia del ejercicio del control político que al órgano parlamentario colombiano corresponde, el cual coincide por cierto con uno similar en nuestro país.
En efecto, la Constitución venezolana tiene el mismo mecanismo de responsabilidad para ministros y vicepresidente ejecutivo del país, con la particularidad que, si la de este último se produce durante el mismo período presidencial en tres ocasiones, hay una suerte de sanción inversa para el parlamento pues nuestra carta magna faculta al Presidente de la República para disolver el órgano legislativo con la única salvedad que no lo puede hacer el último año de dicho período.
En un tiempo en el cual los recursos se dilapidaron a granel, hay muertos, heridos y presos políticos en cantidad y, finalmente, existe constancia a través de informes internacionales de prácticas de torturas y crímenes de lesa humanidad con conocimiento de funcionarios susceptibles de responder políticamente, ese mecanismo constitucional venezolano de censura no se ha podido poner en ejecución, todo ello consecuencia del control que sobre la Asamblea Nacional el chavismo ejerció, bien producto de mayorías por votos o consecuencia de marramucias jurídicas.
Los colombianos son ciertamente muy críticos respecto del accionar de sus representantes. La polarización que nosotros en Venezuela bien conocemos, según afirman entendidos del país, aquí también se observa, mas lo cierto es que, a diferencia de lo ocurrido en nuestra tierra, las instituciones locales, seguramente con aciertos y errores, actúan, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales, como es lo conducente en un estado social de derecho, resolver los conflictos, debiendo todos acatarlas.
Como observador de lo que en estos lares ocurre, considera uno que, cualquiera sea la decisión que el Senado de Colombia adopte respecto de la censura planteada, en lugar de afectar la democracia, la fortalece pues pone en ejercicio los mecanismos de control político que los colombianos eligieron como propios.
Sana envidia le produce a uno como venezolano el que ello pueda ocurrir en este país. En algún momento en el nuestro podremos hacer lo propio.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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