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Las leyes, guste o no a quien ejercen el poder, están para ser cumplidas. Son ellas las que establecen los límites que ninguno puede superar.
Leo y veo a algunos -muchos- muy contentos con el triunfo del señor Bukele en El Salvador. En el ínterin recibo en mi correo un texto relativo a estudios de derechos humanos donde se recoge una parte de la Opinión Consultiva #28 de la Comisión Americana en la cual se establece:
“el respeto pleno al Estado de Derecho implica que las modificaciones de las normas relativas al acceso al poder de forma que beneficien a la persona que se encuentra en el poder y pongan en una situación desventajosa a las minorías políticas, no son susceptibles de ser decididas por mayorías ni sus representantes. De esta manera se evita que gobiernos autoritarios se perpetúen en el poder a través del cambio de las reglas de juego democrático y de esta forma se erosione la protección de los derechos humanos.
La Constitución de El Salvador no permitía la reelección del señor Bukele. El modificó la estructura judicial para lograrlo. Así entonces, no porque nos guste, lo que hizo es bueno. Es tan malo en Venezuela o en El Salvador, eso si queremos ser coherentes con lo que afirmamos respecto de nuestro país.
Por lo general, esos mismos que en Venezuela -y hasta en Colombia- celebran el triunfo salvadoreño, apoyan la candidatura en Estados Unidos del señor Trump quien, así lo creo, el 6 de enero del 2021, trató de cambiar la voluntad de los electores de su país con el asalto al congreso de esa nación, el cual, no solo fue enfrentado por la mayoría de los congresantes, sino por el poder judicial norteamericano. Esa conducta fue la misma que desplegó en nuestra tierra el señor Chávez el 4 de febrero de 1992 y que, por cierto, el gobierno Maduro este pasado domingo 4 celebró, mientras tiene en las cárceles del país a otros a quienes les atribuye haber tratado de hacerle a él lo mismo que festejaba.
Las leyes, guste o no a quien ejercen el poder, están para ser cumplidas. Son ellas las que establecen los límites que ninguno puede superar y sin embargo, cuando nos gusta el accionar de quien ejerce el mismo, no nos importa evadirlos. Eso fue lo que pretendieron hacer en Venezuela 32 años atrás, así como trataron de hacerlo en Estados Unidos hace tres años y ayer lo hizo efectivo en El Salvador el señor Bukele. Ello, respetado lector, es inaceptable si se es coherente con lo que se predica y con el respeto a la norma.
La popularidad es, generalmente, el argumento que valida la conducta contraria a la ley. Así, los venezolanos observamos como –prevalido de ella- Chávez vulneró la constitución cuando planteó, vía enmienda constitucional, la reelección indefinida que le habíamos negado a través de la reforma; se valió para lograrla de aquella y del control que ejercía –como todavía hoy lo hace Maduro- del poder judicial. Igual hizo el señor Bukele, por cierto, con el asesoramiento de venezolanos.
Valiéndose de su popularidad y del control del sistema de justicia, ajustó la norma –cual traje de Mario Hernandez- a su medida y lo continuará haciendo en la medida que el pueblo salvadoreño le respalde, lo que no puede ser óbice para el incumplimiento de la ley.
Lamentablemente, quienes gobiernan –cuando no son respetuosos de la norma- buscan ajustar los tribunales para convertirlos en sus juzgados, con jueces o magistrados complacientes a sus intereses, escondiéndolos detrás del colectivo y ello porque están conscientes que, en una verdadera democracia, son estos los árbitros del conflicto y quienes les limitan su accionar, con fundamento a las disposiciones vigentes.
Los venezolanos tenemos que hacer un verdadero ejercicio de introspección; partiendo de nuestra situación, de lo que hicimos y nos llevó a lo que hoy somos, concluir a lo interno y a lo externo, de manera coherente con lo que creemos pues, no es posible, así lo creo, mantener una posición conceptual dentro de nuestras fronteras y una muy distinta en lo internacional.
El ajuste normativo interno, para satisfacer intereses individuales, bajo el argumento del respaldo colectivo, es una violación a los derechos humanos y estos, en cualquier circunstancia deben ser defendidos.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural
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