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Corresponde entonces al mismo Gobierno ejecutar las acciones tendientes a hacer buenas las palabras presidenciales.
Ha designado el señor presidente Petro al nuevo director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, la cual es en el país el órgano encargado de implementar el Estatuto de Protección Temporal al Migrante Venezolano, aprobado en la administración anterior y que, como lo hemos afirmado, es un compendio mejorado de las políticas públicas implementadas en esta tierra de Nariño y Caldas como consecuencia de nuestra masiva presencia en la misma.
En esa oportunidad, el inquilino de la Casa de Nariño expresó unas ideas muy similares a las que en escritos como este hemos planteado desde siempre, entre otras, la necesidad de facilitar la incorporación de quienes han llegado a la vida productiva nacional, pues aquí no hemos arribado para privar de trabajo a otro sino a ayudar, por supuesto que a nuestras familias, pero también a Colombia.
Esa prédica presidencial puede hacerse efectiva perentoriamente si así se quisiere. Bastaría, simplemente, modificar vía decreto tanto el citado estatuto como la normativa que regula el acceso al refugio. Así, autorizar que, en el primer caso, a quien pide incorporarse al mismo, se le permita trabajar mientras avanza su proceso de inscripción – vale decir, cita biométrica, análisis del caso, decisión positiva del mismo y expedición entrega del PPT – en tanto que, en el segundo se adopte similar decisión desde el momento de que se admite a trámite su solicitud de refugio.
Si esas medidas se adoptaren, el impacto en la vida de esos venezolanos “en extrema condición de vulnerabilidad” sería gigantesco dado que, cualquiera sea el motivo de su llegada a Colombia, en la mayoría de los casos sus recursos económicos son muy limitados.
Debe saberse que, en el estado actual de la normativa y por la praxis de los organismos a cargo de analizar la protección, mucho más de un año puede pasar una persona sin poder trabajar en Colombia legalmente lo que, ciertamente no implica que no lo hará, sino que en caso de hacerlo, privará de la posibilidad de trabajar a otro -no porque competirá por el puesto respectivo en función de aptitudes- sino que, por viveza empresarial, lo hará por menos salario generando con ello, nadie lo dude, xenofobia.
Las acciones que derivarían de las palabras del señor presidente se corresponderían con la política de construcción del mejor sistema migratorio del siglo 21 que es lo que desde finales del año 17 hemos propuesto que Colombia haga con ayuda de los venezolanos que aquí hemos llegado. Corresponde entonces al mismo Gobierno ejecutar las acciones tendientes a hacer buenas las palabras presidenciales.
Uno, como residente en el país, dedicado a la atención de ese venezolano que aquí ha llegado sólo espera al respecto que se ponga manos a la obra, como diría nuestro casi centenario presidente Carlos Andrés Pérez
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural
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